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Los agricultores interpondrán un recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aportando "nuevas pruebas" de la trama del agua que salpica al PSOE de CLM
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Los agricultores interpondrán un recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aportando "nuevas pruebas" de la trama del agua que salpica al PSOE de CLM

Tal y como informa este martes LIBERTAD DIGITAL

Por REDACCION
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redaccionguadanewses/9/9/19
martes 18 de abril de 2023, 19:57h

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Según informa este martes LIBERTAD DIGITAL, el Juzgado de Instrucción Número 3 de Madrid ha decidido finalmente inadmitir la querella presentada por más de 3.000 agricultores de Castilla-La Mancha por presunta malversación de más de 1.200 millones de euros de fondos europeos, instándoles a trasladar su lucha al ámbito contencioso administrativo. "Se inadmite a trámite la querella porque los hechos en que se fundan carecen de relevancia penal, tratándose de actuaciones cuyo encaje ha de encontrarse en el ámbito contencioso administrativo", reza el auto fechado el 17 de abril y firmado por la magistrada María Tardón.

Los regantes, sin embargo, aseguran que no tirarán la toalla y que interpondrán un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que aportarán "nuevas pruebas" de la trama del agua que salpica al PSOE, al tiempo que presentarán una nueva querella sobre nuevos hechos. "Nuestra intención es apelar y llegar a dónde haga falta para que, al menos, alguien investigue todo lo que ponemos sobre la mesa", asegura Ruperto Mesas, presidente de la Comunidad de Aguas de la Masa Rus-Valdelobos, quien hace hincapié en que la jueza "no dice que nada de lo denunciado sea falso, simplemente considera que no tiene encaje en la Audiencia Nacional".

Tal y como publica LIBERTAD DIGITAL, los agricultores -que recuerdan que la inadmisión viene precedida del informe de las fiscales puestas a dedo por Pedro Sánchez- advierten de que, en todo caso, el escándalo ya está en manos de la OLAF (Oficina europea de lucha contra el fraude), a quien se dirigieron tras conocer la carta que la fiscal general de UE, Laura Kóvesi, envió al Gobierno el pasado mes de octubre para pedirle colaboración para desentrañar posibles casos de malversación de fondos europeos.

La inadmisión de la querella se produce, además, después de que "el Gobierno de Page lleve semanas insistiendo en que ésta ya había sido inadmitida de forma definitiva para evitar las preguntas del PP. En este sentido, si algo viene a demostrar este auto es que el Ejecutivo regional mentía con tal de ganar tiempo y eludir un asunto que podía complicarle la precampaña de cara a las elecciones del próximo 28 de mayo" señala LIBERTAD DIGITAL.

LO QUE DICE LA QUERELLA.-

El origen de la polémica tiene que ver con la histórica batalla que los agricultores de la CUAS Rus-Valdelobos mantienen desde hace años para que la línea divisoria entre las cuencas del Guadiana y del Júcar responda a criterios hidrogeológicos y no a intereses económicos y políticos. No en vano, lo que pretende demostrar la actual querella es que, a pesar de estas aguas vierten en el Júcar, los querellados "manipularon y/o falsearon datos" para vincularlas a la cuenca del Guadiana y, por tanto, al Parque Natural de las Tablas de Daimiel.

El objetivo, según reza la querella: "Aumentar el territorio de la demarcación para así obtener un mayor número de fondos, utilizando como pretexto, una vez más, el estado de conservación del Parque Nacional sobre una zona totalmente desvinculada de la afección sobre éste". Concretamente, la zona oriental de la Cuenca del Guadiana, que forma parte del territorio hoy denominado Masa de Agua Rus-Valdelobos, que descarga de manera natural al Júcar. De esta forma, los querellantes denuncian que todas las medidas que se habrían aprobado partiendo de esta división de cuencas estarían bajo la sombra de la sospecha: desde el Plan Humedales de José Bono hasta la faraónica obra de la Tubería de la Llanura Manchega que el propio Emiliano García-Page inauguraba hace unas semanas.

Además de la malversación, los agricultores también denuncian un perjuicio económico para ellos mismos cifrado en más de 300 millones de euros en los últimos 10 años, el periodo que aún no habría prescrito. La razón: que la ampliación de la zona sobreexplotada habría implicado para ellos toda una serie de restricciones que les habría impedido desarrollarse de conforme a a su potencial real.

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