El juez abre juicio al presidente de Urbas Juan Antonio Acedo y su antecesor, Juan Antonio Ibáñez por una ampliación de capital en 2015, imponiendo una fianza solidaria de casi 16 millones de euros

Según informa este viernes el digital LA INFORMACIÓN, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha abierto juicio oral contra el presidente de Urbas Grupo Financiero, Juan Antonio Acedo, su antecesor, Juan Antonio Ibáñez, y otras doce personas por las presuntas irregularidades cometidas en la ampliación de capital de julio de 2015.

En un auto conocido este viernes, el titular del juzgado central de Instrucción número 4 les impone una fianza solidaria de casi 16 millones de euros a abonar en un plazo de 10 días, aunque acuerda el sobreseimiento provisional de la causa respecto de Urbas, y otras seis personas jurídicas y dos físicas por falta de indicios.

Tal y como señala el digital económico LA INFORMACIÓN, el caso comenzó en 2017, a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, e investiga las supuestas irregularidades en la operación ejecutada por un importe de 384 millones de euros, que se aportaron mediante activos "sobrevalorados" de Aldira Inversiones Inmobiliarias. El pasado octubre, el magistrado procesó a Acedo, Ibáñez y a otras 14 personas físicas por presunta estafa y delito societario en la ampliación de 2015.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 8 años y tres meses de prisión para el presidente de Urbas, y 8 años de cárcel para su antecesor en el cargo, por supuestos delitos societarios y contra el mercado. Además, pide que ambos indemnicen a la compañía con 10,8 millones de euros y que se anule dicha ampliación, al tiempo que reclama penas que oscilan entre los 6 años y los 10 meses de prisión para otras doce personas por los mismos hechos, según señala en su publicación el digital LA INFORMACIÓN.

El Ministerio Público sostiene que la operación se realizó mediante aportación no dineraria del 100% de las participaciones de Aldira. De este modo, no incluía ninguna ampliación de capital dineraria, "pese a la necesidad vital de liquidez de Urbas", sino que lo que se llevó a cabo fue una aportación de bienes inmuebles "extremadamente sobrevalorados".

En mayo de 2015, el Consejo de Administración de la compañía aprobó un informe para justificar ante la Junta General la oportunidad de realizar la ampliación, documento que -continúa- se fundamentaba en la "ficticia sobrevaloración de los activos inmobiliarios de Aldira".

Para Anticorrupción, tanto la valoración del Consejo de Urbas como las conclusiones del informe realizado por Grant Thorton "eran irracionales y ajenas" a la realidad no sólo de las fincas y sociedades aportadas, sino de la situación económica general y del sector inmobiliario en particular. La Fiscalía considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito relativo al mercado y a los consumidores al ocasionar un perjuicio a terceros, estafa y administración desleal.

Por el contrario, el magistrado no aprecia indicios suficientes de criminalidad para sentar en el banquillo a Urbas, Grant Thorton y otras siete personas físicas y jurídicas, por lo que decreta el sobreseimiento provisional de la causa para todos ellos.