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¿Es ésta la Justicia que se aplica en la España de 2021?

¿Es ésta la Justicia que se aplica en la España de 2021?

Por Lord Charles Albert
martes 15 de junio de 2021, 14:01h

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Debido a que el restaurante Santceloni de Madrid ha cerrado definitivamente y hasta que el Zalacaín no reabra-según dicen- hasta finales del mes de junio, no había ninguna duda- cuando me llamaron dos amigos para que eligiera restaurante y volvernos a ver, después de 15 meses- en cuanto a la elección del mejor restaurante de Madrid, en la actualidad, Alabaster (inmejorable calidad del producto y un exquisito y profesional servicio de Mesa, desgraciadamente hoy humillado en el olvido, incluso en restaurantes de una estrella Michelín y hoteles de cinco estrellas…¡una auténtica pena!).

Como hacía 15 meses que no comíamos juntos y ya íbamos por la segunda botella de 904, la conversación no tardó en convertirse en tertulia…

Uno de los comensales, rentista (rentista : dícese de la persona que vive de las rentas y ganancias que le rentan sus bienes muebles e inmuebles,…vamos, que lleva toda la vida viviendo del alquiler de los pisos que tiene y de los dividendos y réditos que obtiene de sus acciones, dice que se está poniendo las botas con el oro y sobre todo, con el cobre), nos contó que estaba muy contento, acababa de pasar unos magníficos días de asueto en Puerto Sherry (exclusiva urbanización del Puerto de Santa María).

En su día, le ofrecieron invertir allí, pero finalmente, declinó la oferta, “no me gustaba mucho cómo se iba a abordar el asunto”. Ahora, varios años después, el Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de pleno derecho del Plan General de Ordenación Urbanística de 2013 del Puerto de Santa Maria. Dice el alto Tribunal que procede “la nulidad de pleno derecho del plan general así aprobado, en la medida en que ni se mantiene el modelo de ciudad decidido por el Ayuntamiento en el ejercicio de su autonomía municipal, ni los ciudadanos pudieron pronunciarse sobre el distinto modelo de ciudad que resulta de dicho proceso de aprobación sucesiva y fragmentaria!”… para hacernos una idea, el precio medio de cada casa oscila entre 0,8/1,3 millones de euros…”la guarrería española” se ha consumado otra vez, y ahora…¿qué? Justicia de cuello blanco.

Antes de pasar a los postres, nos comenta que su hija está que trina, pues estuvo 3 meses en ERTE (todavía no ha cobrado) y el año pasado le salía la Declaración de la Renta a devolver 150 euros y este año tiene que pagar 430 euros (como hay dos pagadores…) Justicia fiscal que debería evitar las desigualdades del sistema impositivo español, exigiendo una verdadera reforma del sistema de impuestos en España.

El otro de los comensales, tenía cuatro restaurantes en Madrid. Digo tenía porque ha tenido que cerrar definitivamente dos (23 personas al paro, edad media de los trabajadores, 52 años…).

El dueño de los restaurantes se quejaba amargamente porque, en uno de los dos recién cerrados restaurante, a las 8,30 de la mañana le habían “distraído” en el restaurante una Thermomix, un portátil y un teléfono móvil. Valor de lo robado, 1.750 euros.

El juez dice en su Auto que el interfecto tiene que pagar 800 euros, que no pagará porque es insolvente, sin domicilio fijo y actuó “a consecuencia de su dependencia a sustancias nocivas para la salud que mermaban levemente sus facultades mentales”, lo que le lleva al juez a condenarle a 6 meses de prisión, pero que le suspende la pena impuesta advirtiéndole al condenado que “si delinque durante el plazo de suspensión fijado en este auto se revocará la suspensión de la ejecución de la pena” .

En este caso, no parece que se cumpla, exactamente, lo que señala el presidente del TS, Carlos Lesmes al considerar que la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal está pensada más para el “robagallinas” pero no para el “gran defraudador ni los casos de tanta corrupción” (Justicia para el robagallinas vs Justicia de cuello blanco).

Aunque siempre me ha gustado más escuchar que hablar (por algo tenemos dos orejas y una sola boca), me vi obligado a contar algo que me subleva sobremanera.

En enero de 2021 me diagnosticaron en el Hospital de Guadalajara una catarata en un ojo (uno ya tiene unos años, y ha visto muchas cosas malas y…pocas buenas).

Me dijeron que había que operar, que esperara cuatro meses y si no me llamaban, telefoneara yo para ver cómo iba el asunto. Como soy un contribuyente bien mandado, cuando pasaron cuatro meses y medio, actué según me indicaron.

Al margen de que todavía estoy esperando a que, como me dijeron, me llamaría el Director/Responsable (¿irresponsable’) de Atención al Paciente del Hospital de Guadalajara, cuál fue mi asombro, cuando una funcionaria con bastante mala educación y desgana, me espetó que por qué llamaba, que si no sabía yo que la lista de espera para las cataratas era de…¡14/16 meses!. Justicia social, derivada del Contrato social- Hobbes, Locke, Hegel, Kant…-, el individuo (ciudadano/votante/y sobre todo contribuyente) acuerda con el Estado un pago (impuestos y cesión de sus derechos) para que le proteja y facilite unos servicios, en este caso, la Sanidad.

Terminando el café y los petits fours, abordamos, sin discusión alguna, el último escándalo de este Gobierno de aprendices mediocres y aficionados con el recibo de la luz : el pasado mes de mayo, el recibo medio de electricidad se disparó un 43,8% frente al mismo mes del año pasado. (Otra vez, la Justicia social unida, en este caso, a la pobreza energética).

Fumando un puro en el coche, de vuelta a Guadalajara, me preguntaba ¿Es ésta la Justicia que se aplica en la España de 2021?...Ah, pero ¿es que hay Justicia?…Ah, pero ¿es que hay España? …

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