Las 17 comunidades autónomas han mostrado su firme oposición a la propuesta de reforma del Estatuto Marco presentada por el Ministerio de Sanidad. En un acto significativo, los responsables de Recursos Humanos de todos los servicios de salud del Estado han suscrito un decálogo que exige una reforma “seria, realista y consensuada”. Este documento fue presentado esta mañana en la Comisión de Recursos Humanos del Ministerio por Josune Retegi, directora de Personas y Talento de Osakidetza.
Este pronunciamiento refuerza la unidad previamente manifestada por los consejeros de Salud de las distintas comunidades. El decálogo enfatiza que cualquier modificación debe tener en cuenta la organización real de los servicios sanitarios, garantizando su sostenibilidad y asegurando una atención continua y de calidad para la ciudadanía.
Un llamado a la evaluación rigurosa
Las comunidades autónomas argumentan que el texto propuesto por el Ministerio, liderado por Mónica García, no puede ser aprobado sin realizar una evaluación económica exhaustiva ni sin analizar sus repercusiones en la planificación, contratación y gestión del personal. Además, subrayan que cualquier cambio debe respetar tanto la viabilidad organizativa como financiera de los servicios de salud, así como garantizar atención a la ciudadanía las 24 horas del día.
El decálogo también destaca que las reformas laborales deben desarrollarse mediante un diálogo institucional efectivo y con la participación activa de quienes gestionan directamente los recursos humanos en el sector sanitario. Las comunidades defienden que el objetivo común debe ser mejorar los derechos y condiciones del personal estatutario sin comprometer el funcionamiento del sistema.
Un mensaje claro ante el proceso negociador
La lectura del decálogo en la Comisión estatal de Recursos Humanos refuerza la posición conjunta adoptada por las comunidades autónomas en un momento crucial del proceso negociador. Según se indica en el documento, el actual texto del Estatuto Marco carece aún de las garantías necesarias para abordar adecuadamente la realidad operativa de los servicios sanitarios y sus competencias en materia de personal.
Con la firma del decálogo por parte de los responsables de Recursos Humanos, se completa así un frente institucional ya expresado por los consejeros de Salud. Las comunidades envían un mensaje claro: están dispuestas a colaborar en una reforma, pero exigen que esta sea compatible con la sostenibilidad del sistema y con las necesidades reales del servicio público sanitario.