El propietario de una finca de Orgaz denuncia la tala indiscriminada en un espacio de alto valor ecológico por parte de la Junta de Castilla-La Macha

El propietario de la finca Las Pilas, ubicada en el término municipal de Orgaz, ha denunciado ante la Guardia Civil la tala y poda indiscriminada de distintos ejemplares de encinas, enebros centenarios y otras especies forestales en una zona de alto valor ecológico por parte de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Junta de Castilla-La Mancha.

El objetivo de la tala, que tuvo lugar el día 30 de agosto en la finca del denunciante, es transformar lo que ahora es una vereda en un camino de cinco metros de ancho en una zona de máximo interés ecológico, cuando lo cierto es que la vereda sobre la que se está actuando es un camino inexistente perdido en su práctica totalidad por el paso del tiempo.

Una actuación totalmente innecesaria, ya que el camino en cuestión empieza en mitad del campo, a 4 kilómetros del camino regular de Arisgotas, y existen otros caminos paralelos a muy poca distancia que llevan al mismo sitio o transitan por la misma zona, que no necesitan actuación alguna y tienen mejor acceso directamente desde la carretera TO-3225, incluso para el acceso de camiones de bomberos en el caso de incendio. De hecho, algunos han sido arreglados esta misma primavera para ello.

Cabe destacar que se trata de un camino privado que, indebidamente, figura en catastro como de titularidad municipal, algo que el propietario de la finca ha solicitado en reiteradas ocasiones al Ayuntamiento de Orgaz que rectifique y que ha sido ignorado por el consistorio.

En palabras del propietario, los hechos denunciados vulneran lo dispuesto en la Ley 3/2008 de 12 de junio de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, que considera una infracción muy grave la tala, arranque, quema o cualquier actuación que pueda conllevar la inutilización o destrucción de ejemplares arbóreos o arbustivas de especies forestales, en este caso, además, tiene como agravante el gran diámetro de muchos de los árboles cortados.

Por otro lado, el propietario denuncia que se ha realizado en muchos tramos del camino, como han podido comprobar los propios agentes de la autoridad, agentes medioambientales y Seprona, una anchura de hasta 8 m., muy superior a los 4 m. regulados para este tipo de camino, independientemente de su titularidad privada o publica

Además, señala que se da el agravante de que muchas de las especies taladas están incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha y que la actuación se ha producido en pleno verano y en situación de máxima alerta por peligro de incendio, utilizando para ello motosierras, entre otras herramientas. Todo ello sin la supervisión de ningún agente medioambiental.

Asimismo, considera que la actuación puede incurrir en un delito contra la flora y fauna, en concreto por el artículo 322 del Código Penal, que protege la flora amenazada, mediante la penalización de conductas consistentes en cortar, talar, quemar, arrancar, recolectar o traficar ilegalmente con especies de flora amenazada o sus propágulos, o destruir o alterar gravemente sus hábitats.

Y es que la tala de estas especies y la alteración grave del hábitat es más que evidente, sumando además que la zona tiene coincidencia parcial con el LIC y la ZEPA Montes de Toledo, espacio protegido de alto valor ecológico, áreas críticas de lince ibérico y de águila, así como presencia de águila perdicera y calzada entre otras, por lo que la actuación es aún más grave.

Cabe señalar que Tomás Villarrubia Lázaro, acalde del Ayuntamiento de Orgaz es, a su vez, delegado provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible y miembro de la Comisión Ejecutiva del Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales de la provincia de Toledo, por lo que el propietario de la finca no descarta que esta actuación haya sido propiciada con el objeto de arreglar un camino que considera municipal, aunque no lo es, con fondos de la Unión Europea, pudiendo incurrir en consecuencia en un presunto delito de prevaricación.