Izquierda Unida denuncia la sistemática modificación unilateral de convenios por parte de la Junta y el incumplimiento de sus propias normas y decretos.
Piden mecanismos que doten de seguridad jurídica a los convenios, sobre todo con otras administraciones y entidades de carácter social, para evitar incumplimientos.
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REDACCION
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redaccionguadanewses/9/9/19
miércoles 22 de octubre de 2014, 11:14h
Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ha venido advirtiendo en los últimos años sobre el abuso de herramientas como los convenios y subvenciones que desde la Junta se venían utilizando para el desarrollo de los servicios sociales y su atención a través de municipios y mancomunidades. No ha habido un interés claro por incorporar o estructurar dentro de la administración regional unos servicios sociales básicos públicos y esenciales para nuestra sociedad. Daniel Martínez, coordinador regional de IU considera que “en la práctica se está produciendo la liquidación de los servicios sociales, dejando con el culo al aire a los ayuntamientos y mancomunidades, y en situación de auténtica indefensión a los trabajadores y trabajadoras, muchos ya despedidos y sin cobrar el sueldo desde el 2010”. SIGUE
Pero si los servicios sociales se han ido articulando en precario, ahora nos encontramos con la obsesión del PP por desmantelarlos de forma casi definitiva. Sigue en la misma línea de los impagos, incluso incide aún más, y además modifica unilateralmente los convenios en contra de su propia regulación lo que está provocando de forma definitiva el cierre de centros y el despido de cientos de trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales.
En esta línea, desde IU consideramos que el Gobierno de Cospedal y el Consejero de Salud y Bienestar Social, incumplen la legalidad vigente al modificar unilateralmente los convenios regulados por el Decreto 181/2009 de 01/12/2009 de colaboración con las Entidades Locales para el desarrollo de las Prestaciones Sociales Básicas de la Red Pública de Servicios Sociales.
Se trata de un decreto vigente especialmente en los puntos relacionados con el gasto del personal, el mantenimiento de los centros sociales y el desarrollo de proyectos, tanto en el marco del Plan Concertado como en los Convenios Supramunicipales del Programa Regional de Acción Social (PRAS).
Ante los incumplimientos y modificaciones unilaterales de las condiciones del convenio vigente en gastos de personal, mantenimiento de los centros y desarrollo de proyectos, Izquierda Unida se plantea la necesidad de que la FEMP de CLM defienda los intereses de los ayuntamientos y el cumplimento de las normas o decreto que regula la prestación de los servicios sociales y posibilite la creación de mecanismos que impidan actuar por encima de la Ley. Se debe evitar la indefensión tanto de las administraciones conveniadas como de sus ciudadanos.
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