Mi padre solía repetir una frase que, con el paso de los años, he comprendido en toda su dimensión. Con cinco hijos que sacar adelante, nos decía que quizá no pudiera dejarnos una gran herencia, pero que haría todo lo posible para legarnos la mejor de todas: una educación. Mi madre lo repetía con otras palabras, pero con la misma convicción. Entonces no entendíamos el alcance de aquellas palabras. Hoy estoy convencido de que tenían razón. Porque el patrimonio puede perderse; la educación, cuando es sólida, acompaña a una persona toda la vida.
Un Estado puede construir carreteras, aeropuertos o infraestructuras. Todas son necesarias. Pero ninguna inversión ofrece un retorno tan duradero como la educación. La educación no es un gasto presupuestario, es la principal inversión estratégica que puede hacer una nación. Cuando un país deja de entenderlo así, las consecuencias no aparecen inmediatamente. Se acumulan durante años hasta hacerse visibles en la competitividad de su economía, en la calidad de sus instituciones y en la formación de sus profesionales.
Y cuando hablo de educación no me refiero únicamente a las aulas o a los planes de estudio. Hablo también de la Formación Profesional, de la universidad, de las becas, de la investigación, de la lectura, de la cultura del esfuerzo y del aprendizaje permanente. En definitiva, de todo aquello que permite a una persona desarrollar plenamente su talento y a un país construir su futuro.
Cursé mi primera licenciatura gracias a una beca. Cuando quise estudiar Ciencias Políticas y Sociología, la respuesta fue que para una segunda licenciatura no había ayuda pública. Lo costeé yo. Nunca entendí que un país pudiera considerar un problema que un ciudadano quisiera seguir estudiando.
Los datos de la primera prueba de las oposiciones docentes celebrada este verano deberían preocuparnos mucho más de lo que parece: los porcentajes de suspensos, según la información difundida por los sindicatos, han sido extraordinariamente elevados en varias comunidades autónomas. En Castilla y León, en los cuerpos de Secundaria, no la superó el 83 % de los aspirantes; en Murcia el porcentaje alcanzó el 63 %; en Asturias el 61 %, y en Castilla-La Mancha cerca del 59 % de los opositores de Primaria tampoco consiguió aprobar el primer examen. Los propios tribunales han explicado que muchos de estos suspensos obedecen a graves faltas de ortografía, problemas de expresión escrita y deficiencias de comprensión incompatibles con el ejercicio de la función docente.
Durante mi estancia en Francia comprobé algo distinto. También allí ha habido reformas, y no pocas. Pero bajo ellas persiste una arquitectura centralizada que viene de Napoleón y que ningún gobierno ha querido desmontar. La Ley Jospin es de 1989; la LOGSE, de 1990. Casi el mismo año, y dos trayectorias opuestas: allí las reformas se apoyaron sobre una estructura estable; aquí cada una empezó de cero. Alemania eligió una vía complementaria: prestigiar durante décadas una Formación Profesional de alta calidad, que ha sostenido su potencia industrial. Cada país escogió sus instrumentos. Lo importante es que ambos asumieron hace tiempo que la educación no admite improvisaciones permanentes.
En España, por el contrario, el sistema educativo ha conocido desde 1990 una sucesión de reformas —LOGSE, LOCE, LOE, LOMCE, LOMLOE y otras modificaciones parciales— que ha alimentado una sensación de inestabilidad permanente. Cada cambio de mayoría política parece traer consigo una nueva ley educativa. Y la educación necesita exactamente lo contrario: continuidad, consenso y visión de largo plazo. Un pacto de Estado que blinde lo esencial durante dos décadas sería menos ambicioso de lo que parece y más útil que cualquier ley nueva.
Cuando yo estudiaba EGB llamábamos "Don Emilio" o "Don Julio" a nuestros maestros. Nadie nos obligaba. Era una muestra espontánea de respeto y de reconocimiento a quienes tenían la enorme responsabilidad de enseñarnos. Hoy hemos tenido que reconocer legalmente la condición de autoridad pública al profesorado. Las leyes pueden proteger jurídicamente a un docente frente a una agresión o una falta de respeto. Pero ninguna ley puede devolverle el prestigio social que una sociedad deja de concederle por sí misma.
Que miles de aspirantes suspendan unas oposiciones no debería llevarnos únicamente a discutir sobre la severidad de los tribunales o sobre unas cuantas faltas de ortografía. La verdadera pregunta es otra: ¿qué hemos hecho durante décadas para que tantos jóvenes lleguen a ese examen sin las competencias que exige precisamente la profesión de enseñar? Cuando quienes aspiran a formar a las futuras generaciones presentan dificultades para escribir correctamente, el problema deja de ser individual. Se convierte en un espejo del sistema educativo que los ha formado.
Mis padres tenían razón. La mejor herencia que unos padres pueden dejar a sus hijos es la educación. También debería ser la mejor herencia que un Estado dejara a su país. Porque las naciones no se empobrecen únicamente cuando pierden riqueza económica. Empiezan a empobrecerse de verdad cuando dejan de invertir, con convicción y con constancia, en la inteligencia, la cultura y el conocimiento de sus ciudadanos.
Si (
No(
