El TSJ obliga a la Junta de Page a completar las obras del Fuerte de San Francisco

El Tribunal Superior de Justicia ha emitido un auto que establece plazos concretos y exige a la Junta de Comunidades la ejecución inmediata de las obras pendientes en el Fuerte de San Francisco. Este fallo advierte sobre posibles multas coercitivas y responsabilidades penales en caso de incumplimiento.

Durante una comparecencia, el segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Alfonso Esteban, expresó su firme postura: “El incumplimiento, la burla y la manipulación a la que la Junta ha sometido a Guadalajara con el Fuerte de San Francisco tienen que acabar hoy”. Esta declaración se produce tras la notificación del auto por parte del Tribunal, que obliga a la Junta a cumplir con la sentencia firme relacionada con el conjunto del Fuerte.

Incumplimientos reiterados

Esteban explicó que este auto es resultado del incidente de ejecución de sentencia presentado por el Ayuntamiento el 4 de marzo de 2024. La acción se llevó a cabo debido al incumplimiento constante de la sentencia nº 205/2017, dictada el 11 de septiembre, que obligaba a la Junta a rehabilitar todos los espacios y edificaciones del Fuerte según lo establecido en el Plan de Singular Interés aprobado en 2004.

El Tribunal ha constatado que durante más de siete años no se ha cumplido la sentencia, desestimando los argumentos presentados por la administración autonómica. En su auto, se señala claramente que “más de siete años después, la Junta no ha dado cumplimiento a las obligaciones impuestas en el fallo”, destacando que no se han realizado las demoliciones necesarias ni se ha procedido al desalojo de ocupantes.

Ejecución forzosa y plazos establecidos

Ante esta situación crítica, el Tribunal ha decidido proceder con la ejecución forzosa de la sentencia, accediendo así a lo solicitado por el Ayuntamiento. Se han fijado plazos concretos y obligatorios para cada una de las actuaciones pendientes. Entre ellos, destaca un mes para iniciar la licitación de obras en diversas naves y otro mes para comenzar los expedientes necesarios para desalojar ocupantes.

Además, se otorgan cuatro meses para redactar proyectos de rehabilitación conforme a los usos establecidos previamente y seis meses para corregir deficiencias detectadas en informes técnicos sobre los edificios. El Tribunal también requiere que, en un plazo máximo de diez días, se designe a una autoridad responsable para impulsar estas acciones.

Aval del Ayuntamiento y futuro del Fuerte

Alfonso Esteban destacó que este auto representa un respaldo rotundo a las acciones del Ayuntamiento, subrayando que lo denunciado durante años no era simplemente un relato político sino una realidad respaldada por decisiones judiciales. Reiteró que la obligación de rehabilitar el Fuerte no dependía de nuevos convenios o acuerdos adicionales, sino del cumplimiento efectivo de una sentencia ya firme.

Blanca Causapié, jefa del Servicio de Urbanismo, aclaró que los usos previstos para los inmuebles fueron definidos en un anexo en 2010 e incluyen equipamientos públicos como bibliotecas y espacios culturales. La responsabilidad recae sobre la Junta para llevar a cabo las obras necesarias y gestionar los desalojos correspondientes.

A medida que se espera el final del plazo legal para recursos, desde el Ayuntamiento se confía en que “la Junta acate el auto y cumpla”, poniendo fin así a más de dos décadas sin avances significativos en uno de los conjuntos patrimoniales más emblemáticos de Guadalajara.

La noticia en cifras