El CERMI pide que el ‘bono social’ incluya a las personas con discapacidad por su mayor riesgo de sufrir pobreza energética

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) reclamó este viernes a las instituciones que los hogares en los que residen personas con discapacidad puedan beneficiarse del ‘bono social’, debido al mayor riesgo que tienen de sufrir pobreza energética.

Así lo puso de manifiesto la directora ejecutiva del CERMI, Pilar Villarino, durante la mesa redonda celebrada en Servimedia ‘El binomio pobreza energética y discapacidad’, enmarcada en la convocatoria de programas ‘Hablamos de Europa’, financiada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. El encuentro estuvo moderado por el gerente del CERMI, Luis Alonso, quien recordó que según las últimas cifras disponibles, el 11% de los ciudadanos reconoce no poder mantener su hogar a una temperatura ambiente adecuada por falta de recursos económicos.

“Es necesario que se incluya a las personas con discapacidad dentro del grupo de consumidores vulnerables”, comentó Pilar Villarino, que destacó “el sobrecoste económico que supone la discapacidad a muchas familias, lo que incrementa el riesgo de pobreza”. Además, subrayó que hay personas con discapacidad que pasan más tiempo en su casa, “lo que incrementa su consumo de energías como la electricidad o el gas”.

La también secretaria del Patronato de la Fundación CERMI Mujeres alertó del riesgo agravado que tienen las mujeres con discapacidad de sufrir pobreza energética, debido a factores como una menor tasa de inclusión laboral. “También, la salud de las mujeres se ve más afectada en los casos de pobreza energética, así como se ve mermada su autonomía personal”, agregó Pilar Villarino.

Para revertir esta situación, la directora ejecutiva de la plataforma representativa de la discapacidad en España abogó por que se realicen estudios sobre pobreza energética en los que tanto la variable de género como la de discapacidad sean tenidas en cuenta y se ofrezcan datos desagregados, así como por implementar políticas que garanticen a las personas con discapacidad el acceso a la energía que necesiten en su hogar.

IMPORTANTE PAPEL DE LA UE

Paloma López Bermejo, eurodiputada de Izquierda Unida en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Parlamento Europeo, hizo hincapié en la “importancia” del trabajo que desde las instituciones comunitarias se está haciendo para aprobar la Estrategia Marco para una Unión Energética. A su juicio, en España existen problemas como el “elevado precio” de la factura de la electricidad, como sucede en la industria, “que es un 30% superior a la de países como Alemania”.

Asimismo, criticó el denominado ‘impuesto al sol’ aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy, porque “penaliza a quienes consumen energía pero también la producen. Se debería potenciar esta forma alternativa de mercado”, para lo que en su opinión es preciso que se ayude a las personas interesadas a preparar sus edificios para instalar paneles solares.

Además, Paloma Bermejo hizo hincapié en la urgencia de potenciar las renovables, porque “pueden generar en Europa hasta 20 millones de empleos, y las personas con discapacidad deben beneficiarse de la creación de estos puestos de trabajo”.

Igualmente, Bermejo se comprometió a reforzar en la Comisión de Industria de la Eurocámara la presión para que se avance de “forma más rápida” en la protección de los consumidores más vulnerables, entre los que en su opinión se encuentran las personas con discapacidad. “Debemos hacer una Europa más social, más habitable”, remachó.

Por su parte, Carmen Redondo, responsable del Área de Consumo de la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (HISPACOOP), afirmó que la “liberalización” del mercado de la energía ha encarecido las tarifas, “por lo que esta es una de las facetas que hay que trabajar”.

Además, exigió que se establezcan “las medidas necesarias para garantizar el acceso a la energía de las personas que tengan dificultades para hacerlo”, y reclamó que se ofrezca una “tarifa más económica” a las personas con discapacidad.

Asimismo, criticó que España todavía no haya definido lo que es un consumidor vulnerable”.

Por último, Carmen Redondo pidió que se aplique “una completa política de apoyo” para proteger a las personas más vulnerables, puesto que según explicó, “hay consumidores que si no se les ayuda no conocen los beneficios que pueden tener”.

En esta línea, reclamó un mayor control de las “prácticas abusivas” en el ámbito comercial de captación de clientes, puesto que muchas veces “se centran en consumidores vulnerables y acaban teniendo condiciones peores”.