Los ingenieros industriales de Guadalajara creen que la nueva Ley de Medidas Fiscales para la sostenibilidad energética no es consecuente con las políticas de reindustrialización

Pero para mayor gravedad, el aumento estructural se estima en 5.000 MM € por año, lo cual resulta insostenible.

Para intentar controlar lo expuesto, el Gobierno promulgó laLey15/2012y el Real Decreto Ley 2/2013, sin consulta con los sectores afectados, ni período de información pública con el objetivo de controlar y reducir el citado déficit.

Así la Ley 15/2012, a pesar de su pretensión de sostenibilidad medioambiental es un mero mecanismo recaudatorio, con un impuesto global del 7% sobre los ingresos de la generación y una serie de impuestos y cánones sobre la energía hidroeléctrica, el consumo de gas natural, carbón y fueloil para generar electricidad y los residuos radiactivos. Se espera recaudar del orden de 3.200 MM €/año. Además, el RDL 2/2013 elimina en la práctica la opción de que las renovables se retribuyan a precio del mercado mayorista, más prima, que era la opción preferida cuando suben los precios y las obliga a ir a la tarifa regulada fija que ya incorpora la prima con lo que se espera ahorrar entre 600 y 800 MM € adicionales. Como todo lo anterior es insuficiente se traspasarán a los Presupuestos Generales del Estado los costes extra de la generación extra-peninsular (1.800 MM€/año) y utilizar un crédito del Ministerio de Hacienda de 2.200 MM € para controlar los desfases que pudieran aparecer.

Lo expuesto refleja un enfoque macroeconómico que no tiene en cuenta los efectos desastrosos que este aumento de costes causa especialmente para los consumidores industriales, que ya estaban en desventaja en cuanto al precio de la electricidad con respecto a sus competidores de la UE y ahora se ven abocados al cierre o a deslocalizaciones, que tendrán efecto sobre PIB y el empleo, además de la inconsecuencia de estas medidas con las pretendidas políticas de apoyo a la industrialización.

Conscientes de la gravedad de la situación creada, es todavía peor que se haya legislado sin un proceso transparente y previsible, lo cual crea inseguridad jurídica y abre escenarios de recursos jurídicos y de arbitraje en Cortes Internacionales, algo indeseable en la situación económica y política actual.

El Colegio y la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid y de Guadalajara consideran imprescindible abordar los problemas citados de modo previsible y con seguridad jurídica, dando opción a que los Sectores afectados propongan soluciones que favorezcan que se reanuden la inversión y la creación de empleo.