El dinero que paguen los castellanomanchegos por las multas servirán para pagar los gastos electorales el PP y del PSOE

En función de los resultados obtenidos en los comicios, las dos principales formaciones políticas tienen derecho a recibir por ley 1,62 millones de euros en subvenciones para financiar sus actividades electorales. De hecho, el reparto resulta bastante equitativo. El PSOE se embolsará 832.547,49 euros y el Partido Popular un total de 786.402,94. Hasta la publicación de la ley, ambos partidos habían ya percibido fondos en concepto de anticipos y liquidaciones provisionales a cuenta por un total de 969.442,14 euros. La partida ahora aprobada simplemente completa la dotación.

La Ley Electoral de Castilla-La Mancha permite a los partidos solicitar con antelación a los comicios anticipos de “hasta un 30% de la subvención percibida en las anteriores elecciones autonómicas”. Una posibilidad que PSOE y PP no rechazaron, recibiendo 261.679,49 y 211.356,51 euros, respectivamente. A posteriori, la citada ley avala que dichas formaciones puedan solicitar a cuenta, 30 días después de la presentación de su contabilidad, “hasta el 90% del importe de las subvenciones a las que resulten acreedores sus respectivos partidos (…) en función de los resultados de las elecciones”. El PP habría aprovechado ese artículo y habría adelantado el cobro de otros 496.406,14 euros.

Fuentes de la consejería de Economía y Hacienda afirman que el procedimiento es perfectamente legal y hasta habitual. Y añaden que en ocasiones anteriores ya se ha recurrido a los excesos recaudatorios de figuras tributarias como el IVA o el IRPF para sufragar estos gastos. En efecto, las elecciones celebradas el 27 de mayo de 2007 implicaron una partida extra de 157.678,66 euros “con cargo al exceso de recaudación sobre la previsión inicial que se produzca en el subconcepto tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”, según consta en el BOE del 11 de agosto de 2008.

Lo mismo sucedió en relación con las elecciones celebradas el 25 de mayo de 2003, que implicaron un gasto adicional de 117.240,68 euros “con cargo al exceso de recaudación sobre la previsión inicial, que se produzca en el subconcepto Impuesto sobre el Valor Añadido”. Las ayudas recibidas no han dejado de crecer en la última década. Por ejemplo, en el año 2003 suponían 1,25 millones para los dos principales grupos políticos. Una legislatura más tarde, PSOE Y PP se repartieron 1,57 millones para gastos electorales. Cuatro años y una recesión económica después, la cuantía conjunta percibida llegó hasta los citados 1,62 millones.

“Bochornoso espectáculo”.-

La medida, publicada este mes en el BOE, ya se recogía a principios de octubre en el Boletín Oficial de Castilla-La Mancha. Y algunos alzaron la voz. Por ejemplo, el sindicato CSI-F Castilla-La Mancha aseguraba sentirse estupefacto ante el “bochornoso espectáculo que ofrece nuestra clase política, que se financia a partir de los tributos e impuestos de todos los ciudadanos”. A juicio de este sindicato, la cuestión resulta "mucho más gravosa al producirse en el marco de la grave crisis económica por la que atravesamos". En una nota de prensa publicada a finales del pasado mes, la central aseguraba que la gestión de los impuestos en Castilla-La Mancha está “bajo sospecha” y apuntaba que la parte de recaudación que recibirán los partidos bien “podría dedicarse a la generación de empleo o a la prestación de servicios sociales”.

"Cuando desde el Ejecutivo de Castilla-La Mancha se está despidiendo a los interinos y se está destruyendo empleo, no es de recibo que los partidos políticos, amparados en la Ley Electoral, se beneficien de subvenciones que bien pudieran ser eliminadas, del mismo modo que se han suprimido otras ayudas y conceptos similares, aunque cuando se trata de ellos mismos parece que utilizan otras varas de medir, mucho más susceptibles de responder a sus propios intereses”, subraya el comunicado. CSI-F terminaba denunciando esas subvenciones en tanto “un abuso de poder y un trato de privilegio poco ético para el conjunto de una sociedad acuciada por los recortes salariales y la reducción de los derechos laborales”.