La Justicia condena a "Mañaneros 360" de RTVE por difundir un bulo sobre la Comunidad de Madrid

La Justicia ha dado la razón a la Comunidad de Madrid y ha condenado a RTVE y su presidente, José Pablo López, en su demanda contra la televisión pública por difundir una información tendenciosa y no ajustada a la verdad sobre el Gobierno regional el pasado diciembre en su programa Mañaneros 360, presentado por Javier Ruiz.

El Tribunal de Instancia de Madrid n°72 estima en su sentencia la demanda de la Comunidad de Madrid y condena a emitir, "íntegramente sin comentarios ni apostillas", la lectura de una rectificación en Mañaneros 360 sobre la concesión de una subvención anual al Colegio de la Abogacía de Madrid y acerca de su centro universitario adscrito a la Universidad Complutense, relacionadas ambas en el programa con el juicio en el Tribunal Supremo donde fue condenado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Ruiz deberá, así, leer de forma íntegra este texto:

"Me dirijo a usted como Consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid en ejercicio del derecho de rectificación que me otorga la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo. En relación con la información emitida hoy en su programa relativa al abono de una subvención al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid en el contexto de la denuncia, juicio y condena al Fiscal General del Estado, paso a realizarles las siguientes consideraciones:

La Comunidad de Madrid cumple la obligación legal reflejada en el artículo 119 de la Constitución Española del derecho a la asistencia jurídica gratuita. La propia Ley que regula este mandato constitucional recoge que son las comunidades autónomas quienes asumen en el ejercicio de sus competencias la financiación de este servicio y corresponde a los colegios profesionales de la Abogacía y Procura su organización y prestación.

El servicio de asistencia jurídica gratuita y turno de oficio se viene prestando y abonando a los colegios profesionales, entre ellos el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, desde que la Comunidad de Madrid asumió en 2003 las competencias en materia de Justicia.

Con anterioridad, el abono lo realizaba el propio Ministerio de Justicia, que mantiene una asignación de más de 48 millones con el Consejo General de la Abogacía Española para sufragar los gastos de la prestación de dichos servicios en territorio Ministerio (Castilla y León, Castilla–La Mancha, Extremadura, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla). A través de este servicio público se garantiza el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva a casi 70.000 madrileños en situación de vulnerabilidad y se retribuye la asistencia letrada que prestan más de 4.500 profesionales del ICAM.

De esta forma, cualquier intento de vincular el abono de los servicios de asistencia jurídica gratuita a los profesionales de la abogacía y la procura con otro tipo de circunstancia responde sólo, a nuestro juicio, a un deseo de desinformar y confundir a los ciudadanos, intentar desprestigiar a la Comunidad de Madrid y al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y tratar de justificar la actuación del Fiscal General del Estado.

En relación con el centro universitario del ICAM adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, su tramitación se inició en el año 2023 y ha cumplido escrupulosamente la normativa vigente. La propuesta cuenta con todos los informes favorables y el propio Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades le ha concedido ya el código de centro necesario para que pueda ser incorporado a las memorias de los títulos como centro de impartición de enseñanzas superiores adscrito a la UCM".

El fallo, que condena también a pagar las costas a los demandados, estipula que la rectificación deberá difundirse en los tres días siguientes a la notificación de la sentencia "con una relevancia semejante a la de la noticia original" y en "el mismo horario".