El Liberalismo económico como Filosofía Anticorrupción

Sería erróneo suponer que el Liberalismo, incluso en sus orígenes, haya excluido cualquier tipo de intervención estatal, pues el reparto de roles apuntado, ha jugado básicamente de forma orientativa.

El propio Adam Smith, en La Riqueza de las Naciones (1776), da una lista de funciones del Estado, en la que figuran tanto las obras públicas, como la beneficiencia, origen del actual sistema de protección social. Smith no excluyó la intervención estatal en asuntos sociales, pero sí la sujetó al principio de subsidiariedad.

Conviene recordar lo dicho por Alfred Marshall, en The Economic Journal (1907), muy clarificador sobre la falsa tópica acerca del “laissez faire”. Dice: “La frase es ambigua y a su respecto abunda una equivocada literatura. En su sentido original significaba que los gremios y los oficios no debían prohibir a los obreros que trabajaran en aquello para lo que sirvieran y que cada uno debía tener libertad para elegir su propio oficio. Y pasó mucho tiempo hasta que la frase se pervirtió para significar que el gobierno debe ocuparse de guardar el orden y que en todo lo demás debe cruzarse de brazos y dormir tranquilo. En tiempos de Adam Smith, el gobierno estaba corrompido y aunque él mismo, igual que sus principales discípulos, se había consagrado desinteresadamente al bienestar del pueblo, la experiencia le enseñó a mirar con recelo a todos aquellos que proponían que el gobierno iniciara nuevas actividades a favor del bien público, pues el motivo real que los guiaba era, en general, el de aumentar sus propios beneficios y obtener puestos cómodos y bien pagados para sus familiares y para ellos mismos”. El liberalismo se originó, pues, contra la corrupción estatal.

Como discípulo y amigo a través de los tiempos de Edmund Burke, conozco bien la Inglaterra de Jorge III. Por ello añadiré, para los incrédulos y desinformados, por los corruptos que repiten la historia en nombre de “lo social”, que espero recuerden que una de las causas de la Revolución Norteamericana fue el impuesto sobre el té, aprobado por el déspota Jorge III, sin consentimiento de los colonos, para paliar la crítica situación, a que la corrupción había llevado a la Compañía de las Indias Orientales. Burke dirigió el impeachment, en la Cámara de los Comunes, que condenó por corrupción y el asesinato del Rajá de Benarés, al Gobernador de la Compañía, Warren Hastings. La corrupción del Estado Británico regido por Jorge III y su camarilla, a través de las compañías coloniales, era generalizada, por lo que Adam Smith, un filósofo moral, exigió la libertad económica, para sacar la economía de las zarpas de los salteadores de caminos, al amparo de los monopolios estatales. ¿Les recuerda a algo esa situación?

Porque es obvio que en nuestros tiempos, a partir del último quinto del siglo XX, asistimos a la crisis del Estado Social, probablemente debida a que la intervención del Estado se ha convertido en “intervencionismo”, sencillamente porque ha ido mucho más allá del propósito de reforzar la libertad de todos a través de una mayor igualdad social. La intervención del Estado debe servir para equilibrar las relaciones de poder en el seno de la sociedad civil, sacando a los pobres de la esclavitud de la miseria, y universalizando la libertad, pero cuando se distorsiona el objetivo para potenciar al Estado y hacerle prevalecer sobre la sociedad civil, la igualdad deja de ser libertad para todos y se convierte en un mero pretexto de poder. El liberalismo práctico tenía el riesgo de que los poderes económicos, imperantes en la sociedad civil, generasen desigualdad social, y en ocasiones colonizasen al propio Estado, mediante políticos comprados; pero en el socialismo práctico, es el Estado el que ha colonizado a la sociedad civil. El razonable propósito de conseguir niveles aceptables de igualdad social, para erradicar la necesidad y universalizar la libertad, ha sido canalizado por la dogmática socialista, a través de la intervención del Estado en la producción y distribución de bienes y servicios. Nada obsta, a priori, a que así se haga, mientras el Estado no pierda de vista el fin legítimo de nivelación social que justifica su intervención y que no está reñido, sino que es complementario del supremo valor de la libertad. Esto es precisamente lo que justificó el tránsito desde el Estado Liberal de Derecho al Estado Social de Derecho.

En otras palabras, libertad e igualdad son principios complementarios y no contradictorios, a condición de que la igualdad signifique la posibilidad de universalizar la libertad, y no de atentar contra ella. Pero para eso no hay que perder de vista el principio de subsidiariedad de la intervención pública, que ha de ser limitada, para no caer, una vez más, en las garras del Estado-Leviathan.

La respuesta a esta situación, que es la actual y que en ocasiones no depende apenas del color político de la mayoría gobernante, porque favorece el poder de todas ellas, debiera ser obvia. Se trata de buscar un punto de equilibrio de poder entre el Estado y la sociedad civil, que en las actuales circunstancias pasa por la reducción del poder del Estado y la potenciación del poder civil; pero esto ha de ser así en líneas generales y no en cualquier caso y a toda costa. En favor de la reducción del poder del Estado juega hoy la presunción, de tal forma que la justificación de todo intervencionismo existente, o reclamo otros nuevos, deberá correr con la carga de la prueba. Continuará…

Emilio Suñé Llinás es Catedrático de Filosofía del Derecho y Derecho Informático de la Universidad Complutense de Madrid.