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El Seprona intensifica sus acciones contra el furtivismo en Guadalajara
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El Seprona intensifica sus acciones contra el furtivismo en Guadalajara

En las últimas semanas dos personas han sido detenidas y cinco más han sido denunciadas por conductas relacionadas con el furtivismo

jueves 11 de abril de 2019, 11:52h

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La provincia de Guadalajara presenta unas inmejorables condiciones para la práctica de la actividad cinegética de la caza, sin embargo, esta no siempre se lleva a cabo siguiendo las especificaciones reglamentarias.

Se entienden como conductas de furtivismo aquellas que se refieren a cazar fuera de temporada, no poseer las licencias administrativas requeridas, el uso de armas, medios o municiones ilegales, la caza de animales protegidos o las que se llevan a cabo dentro de áreas restringidas o prohibidas.

La veda del Corzo

Las patrullas del SEPRONA de las localidades de Orea y Atienza han desarrollado varias actuaciones de gran impacto que han culminado con la notificación de más de 30 denuncias a la legislación de caza y a la legislación de las armas, y el decomiso de 3 rifles, linternas de gran potencia, visores nocturnos, silenciadores y diversa munición.

Además dos personas que realizaban actividades de caza ilegal fueron detenidas por la Guardia Civil de Maranchón por un delito de atentado a agente de la autoridad y por un delito de tenencia ilícita de armas en el término municipal de Torremocha del Campo, como ya se informó en su día en nota de prensa.

Todas estas operaciones están relacionadas con la apertura de la veda del corzo en la provincia que atrae a muchos aficionados a esta actividad cinegética y que no siempre se realiza en la forma determinada en la legislación.

Las consecuencias que lleva aparejada la caza ilegal

Las conductas de furtivismo están tipificadas en los artículos 334 y 335 del Código Penal y pueden llevar aparejadas penas de prisión de seis meses a dos años, retirada de la licencia de caza de dos a cinco años, retirada de los permisos de armas, el pago de los daños causados y el decomiso de los trofeos, además de las infracciones contempladas en la legislación de caza de Castilla-La Mancha que prevé sanciones de hasta 60.000 euros.

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