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El enchufismo en su máxima expresión : La Fiscalía confirma el chiringuito público de la socialista Susana Díaz en Sierra Nevada
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El enchufismo en su máxima expresión : La Fiscalía confirma el chiringuito público de la socialista Susana Díaz en Sierra Nevada

domingo 24 de marzo de 2019, 10:16h

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La empresa pública Cetursa, que gestiona las instalaciones turísticas de la Estación de Sierra Nevada, estaba presidida por María José López, que había sido ex consejera de Justicia y donde fue recolocada tras su salida del gobierno de la Junta de Andalucía.

Los escandalosos comportamientos gestores en Cetursa fueron desvelados por la Cámara de Cuentas hace años. De hecho, en su fiscalización de la empresa pública detectó que se inflaban las remuneraciones, desde sueldos a sobresueldos, incluso en la más dura época de la crisis.

Más aún, precisó que se hurgó en la legislación para encontrar el modo de mantener los privilegios de los altos cargos socialistas en la entidad que gestiona las instalaciones turísticas de la Estación de Sierra Nevada.

En su informe, la Cámara de Cuentas escribe: "Las cinco direcciones/jefaturas de servicio y un total de 51 trabajadores tienen reconocidos en sus nóminas ‘incentivos, complementos o gratificaciones extraordinarias’ no recogidos en los convenios aplicables". Incluso señaló a un trabajador al que "se le ha reconocido la antigüedad devengada como funcionario de la Junta". "Este hecho ha supuesto la consolidación del complemento por importes muy por encima de los previstos en la ley de presupuestos".

Según informa El Mundo que la ex consejera -¡de Justicia, nada menos!- y su equipo idearon una trampa para burlar los recortes, que consistió en modificar el organigrama de tal manera que los altos cargos pasaron a estar amparados por el convenio colectivo, con lo que sus sueldos no sólo no bajaron, sino que, incluso, subieron.

Además, según la Cámara de Cuentas, se contrató a dedo, se pagaron incentivos y gratificaciones de forma gratuita y arbitraria sin tener en cuenta la obligación de suprimirlos por causa de los recortes, como estaban obligados.

Los investigadores cuentan ya con pruebas de la contratación masiva a dedo de enchufados, tal y como reflejan los documentos revisados por la Cámara de Cuentas y la propia Fiscalía.

Una documentación en la que la Fiscalía señala con claridad que los sistemas de contratación de personal carecían de publicidad y escondían mecanismos de discrecionalidad y arbitrariedad contrarios a las exigencias de las sociedades públicas.

Todo un sistema perfectamente pensado para poder realizar contrataciones a dedo en una empresa pública que contaba con una plantilla mínima de más de 200 empleados y que elevaba su contratación hasta las 700 nóminas en temporada de esquí.

El texto de la Cámara de Cuentas que maneja la Fiscalía señala que “la contratación de personal con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía (LAJA), no ha ido precedida de convocatoria pública en medios oficiales ni de los procesos selectivos correspondientes que garanticen los principios constitucionales de igualdad, transparencia e imparcialidad, así como, los de mérito y capacidad (artículo 55 de la Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) por aplicación de su Disposición Adicional Primera10 y artículo 77 de la LAJA).”

La Fiscalía denuncia ahora sobresueldos de casi 13.000 euros anuales que se autopagaban directivos socialistas de la empresa pública Cetursa, la principal gestora de la estación de esquí de Sierra Nevada.

Los informes en poder de los investigadores detallan con precisión cómo los directivos de Cetursa –bajo control del PSOE– trampearon de forma obscena los controles de la ley de 2012, una norma que fue aprobada en plena crisis para evitar que ningún cargo público ganara por encima de lo establecido para la presidencia de la Junta (menos de 65.000 euros).

La Policía Nacional ha requerido diversa documentación tanto a la empresa pública Cetursa como a la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, de la que ha pasado a depender con el reparto de áreas entre los dos socios del gobierno, el PP y Ciudadanos.


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