Reveladoras declaraciones de la testigo clave del caso ERE: Chaves y Griñán tenían "información puntual" y recibió una "llamada intimidatoria" del entorno de Susana Díaz

Manuel Chaves y José Antonio Griñán estaban al tanto de la gestión del 'fondo de reptiles'. Eso es lo que ha declarado este martes una testigo clave del caso de los ERE, la ex asesora de la Dirección General de Trabajo que tuvo a su cargo los expedientes de las ayudas fraudulentas, que ha contado cómo ella misma realizó informes detallados que fueron enviados "a Presidencia".

Y por "presidencia", ha aclarado María José Rofa, quiere decir a los ex presidentes que se sientan en el banquillo de los acusados, junto a otros 22 ex altos cargos de la Junta, en el juicio por la pieza política de los ERE.Rofa ha señalado directamente a Chaves y Griñán en su segunda jornada de declaraciones como testigo, en la que ha incidido en que los dos ex presidentes encausados no sólo conocían la existencia de la partida presupuestaria 31L -la bautizada como 'fondo de reptiles' y que nutría a los ERE y a las ayudas a empresas en crisis-, sino que, además, tenían "información puntual".

De acuerdo con el testimonio de la ex asesora de Trabajo, los ex presidentes no sólo tenían conocimiento de lo que estaba sucediendo, sino que ellos, y algunos de sus consejeros, fueron parte activa en la toma de decisiones relativas a la concesión y pago de las ayudas bajo sospecha.Muchas de estas ayudas, ha explicado, se acordaron como parte de la "acción de gobierno", fueron decisiones políticas que no adoptó ni siquiera el director general de turno. Las órdenes, ha explicado, venían "de arriba, de las alturas".

Y en función de la provincia de la que se tratase, se implicaba uno u otro consejero. En este sentido, ha mencionado al ex vicepresidente de la Junta y ex secretario de Estado Gaspar Zarrías por las ayudas a Primayor, una empresa asentada en Jaén, de donde era originario el también ex consejero. O a la difunta consejera de Medio Ambiente Cinta Castillo, en el caso de Fertiberia, en Huelva.

En otros casos, como el de Delphi, la decisión se tomaba aún más arriba, en la propia Presidencia de la Junta, ha asegurado.

No se ha escapado de sus acusaciones ni la actual presidenta de la Junta, a la que ha implicado de forma indirecta al asegurar que en noviembre de 2010 el parlamentario del PSOE por Sevilla Ramón Díaz -que también trabajó en la Dirección General de Trabajo- le hizo una llamada intimidatoria como miembro del partido que entonces dirigía en Sevilla Susana Díaz.