El PSOE quiere que el Ayuntamiento de Molina estudie los recortes en el proyecto del parador y pueda presentar alegaciones

Hace solo unos días, el presidente de la Sociedad Estatal de Participación Industrial (SEPI), Ramón Aguirre, anunció que el Consejo de Ministros dará el visto bueno a las obras antes de Semana Santa, sin que hasta el momento se conozca siquiera la redacción definitiva del proyecto, que ha sido sometido a severos recortes, tal como ha reconocido el propio Gobierno de Mariano Rajoy en respuesta al senador socialista por Guadalajara Jesús Alique.

Por eso, el portavoz del Grupo Socialista, Jaime Muñoz, ha indicado que el Ayuntamiento de Molina debe ser consultado previamente, puesto que ha tenido un papel destacado en la gestación del proyecto. No en vano, compró los terrenos, modificó la normativa urbanística y tuvo que desviar vías pecuarias para dejar los terrenos en condiciones de edificabilidad. Muñoz ha señalado que incluso los vecinos deberían tener la oportunidad de presentar alegaciones, dada la importancia que tiene este proyecto para el municipio.

Sin embargo, solo el Gobierno y la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, parecen conocer el contenido de un proyecto devaluado, al que ha mostrado su apoyo, pese a que no recoge las expectativas de los vecinos. Ni siquiera el alcalde de Molina, también del PP, ha sido capaz de aclarar nada, pese a las repetidas preguntas formuladas por el Grupo Socialista.

No es un proyecto nuevo, sino mutilado
“Lo que quieren hacer no es un proyecto nuevo, sino un proyecto mutilado”, ha asegurado el portavoz socialista. El proyecto original, aprobado por el Gobierno socialista y encargado en el verano de 2011 a la empresa pública Tragsa con un presupuesto de 30 millones de euros, contemplaba la construcción de 80 habitaciones, un número que ahora se verá reducido, además de “spa” y piscina cubierta, que eran uno de los principales atractivos y rasgo diferenciador frente a otros paradores. “Ese es el proyecto que quiere la sociedad de Molina”, ha insistido Muñoz.

Tras más de dos años de paralización, desde que el PP llegó al Gobierno, la moción que se debatirá esta tarde expresa el temor de que el parador deje ahora de ser “un edificio singular con unos servicios de ocio y tiempo libre adecuados, y por tanto será un parador más, sin ninguna diferenciación que lo haga competitivo y no será un elemento dinamizador de nuestra comarca”. El texto pide también que el Ayuntamiento exprese su rechazo a la presentación del proyecto, si no es consultado previamente, y no asista a ella ni autorice el uso de locales públicos para hacerla.

Reprobación de Cospedal y Guarinos
El Grupo Socialista presentará también otras mociones al pleno, entre ellas una que pide la reprobación de Cospedal y de la presidenta de la Diputación de Guadalajara, Ana Guarinos, por la actitud que mostraron el pasado mes de enero frente a los vecinos de la comarca, cuando Cospedal fue a firmar un convenio de asistencia sanitaria con Aragón. El texto lamenta el trato que recibieron las personas que se congregaron para expresar su malestar contra las políticas del PP, que están originando más paro, despoblación y desprotección de los más débiles.

Para evitar que Cospedal tuviera que escuchar las protestas, incluso se impidió a estas personas el acceso a la plaza de España en un primer momento, mediante un despliegue de Guardia Civil y personal de seguridad desconocido hasta entonces en Molina. Para terminar, la propia Guarinos les espetó despectivamente “¡Que se jodan!” y otros miembros del PP les dedicaron repetidos gestos obscenos, según se puede comprobar en varias grabaciones de vídeo.

El convenio con Aragón deja fuera a los vecinos de Molina
Precisamente, en otra moción, se urge la firma de un convenio sanitario con la Comunidad de Madrid, ya que la mayoría de la población de la comarca, incluido el propio municipio de Molina, está fuera del acuerdo alcanzado con Aragón. Por tanto, los pacientes tienen que desplazarse cientos de kilómetros hasta las provincias de Ciudad Real o Albacete, pasando de largo por delante de los hospitales madrileños.

Por último, el Grupo Socialista reclama al alcalde que cumpla la ley relativa a la convocatoria de plenos municipales, después de que haya pasado más de nueve meses sin convocar ninguno, pese a la obligación de hacerlo al menos cada tres meses.