García asegura que tres ayuntamientos gobernados por el PP acumulan la mitad de la deuda con la Mancomunidad Vega del Henares

De hecho, el mayor moroso es Cabanillas del Campo, que debe 34 meses y tiene una deuda por habitante de casi 160 euros. En los casos de Villanueva de la Torre y Fontanar, la deuda por habitante asciende a 108 euros y 125 euros, respectivamente, y ambos tienen pendiente de pago el equivalente a 28 meses.

“Estos tres ayuntamientos son, con mucha diferencia, los mayores deudores y los que están encabezando esta insoportable actitud de no pagar y, además, exigir responsabilidades”, ha subrayado García, tras recordar que tanto Cabanillas del Campo como Villanueva de la Torre tienen representantes en el Equipo de Gobierno de la Diputación de Guadalajara, que este viernes llevará al pleno de la Corporación una moción en la que precisamente plantean denunciar ante el Tribunal de Cuentas las deudas generadas en la MVH. Por su parte, Fontanar ha experimentado “un claro retroceso en los pagos” desde el año 2012, cuando pasó a ser gobernado por el PP.

Según ha explicado, desde el inicio del mandato actual hubo ayuntamientos gobernados por el PP que dejaron sistemáticamente de pagar a la MVH, de manera que a finales del año 2012 aún no habían abonado ni una sola cuota, como ocurrió en el caso de Cabanillas. “El resto iba pagando como podía”, a pesar de las deudas que mantenía con ellos el Gobierno de María Dolores de Cospedal, especialmente con los gobernados por el PSOE.

“Ahora que está claro que la actitud de algunos ayuntamientos forma parte de una estrategia, y que su negativa a pagar es deliberada y continuada, les aseguro que, si exigen responsabilidades ante el Tribunal de Cuentas por unos resultados que ellos mismos han provocado, la Mancomunidad también procederá judicialmente contra esos municipios que han causado un perjuicio evidente”, ha advertido el responsable de la entidad. En este sentido, ha indicado que, mientras dejaban de pagar a la MVH, sí que han pagado puntualmente a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, que preside un responsable del PP.

Penalización y recargo
Por ello, ha anunciado que, ante las exigencias de pago del Gobierno central o del Consorcio Provincial de Residuos y la actitud de estos ayuntamientos, la Mancomunidad se verá obligada a tomar medidas de “penalización y recargo” contra los ayuntamientos que mantengan una actitud deliberada de no abonar sus cuotas. “Podemos entender los casos en los que no se puede pagar; pero no vamos a tolerar los casos en que no se quiere”, ha indicado.

La MVH no cobra directamente la tasa que pagan los vecinos por el servicio de recogida de basuras, sino que esta tarea corresponde a los ayuntamientos –que luego abonan unas cuotas mensuales a la Mancomunidad– o a la propia Diputación, a través del Servicio de Recaudación. “Por tanto –ha señalado García–, si los vecinos han pagado sus recibos, y los ayuntamientos no han pagado a la Mancomunidad, el dinero de los vecinos estará en las cuentas de los ayuntamientos, o habrán pagado otras cosas con él, o estará en las cuentas de la Diputación, porque también es conocido el retraso en la devolución de los tributos que recauda para los municipios”.

Tanto el presidente de la MVH como la portavoz del Grupo Socialista de la Diputación, María Antonia Pérez León, han denunciado la actitud de la presidenta, Ana Guarinos, que está utilizando esta institución “como ariete al servicio de su estrategia política”. Pérez León ha agregado que Guarinos está “acosando” a la Mancomunidad Vega del Henares porque no está controlada por el PP, y ante el fracaso del servicio provincial de recogida de residuos que pretende implantar.

En su opinión, este podría ser un proyecto de interés si “fuera hecho con cabeza, con método y con rigor, con información y documentación económica, en vez de ofrecer cifras confusas y contradictorias”. La portavoz socialista ha afirmado que así lo han planteado también ayuntamientos y mancomunidades de la provincia, incluidas algunas presididas por el PP, que no se muestran dispuestos a sumarse al proyecto mientras falte una información sólida sobre las condiciones y costes del servicio.