Y el PP quiere cargarse los pueblos

La verdad es que a menudo es preferible callar, antes que ponerse a defender lo indefendible, y menos aún hacerlo de oído y por encargo, porque en tal caso se corre el riesgo de incurrir en contradicciones flagrantes. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando desde el PP y la Diputación de Guadalajara ponen voz a un argumentario preparado por otros, que dejan al descubierto la enorme distancia entre lo que dicen y lo que hacen.

Los gobiernos del PP, que se han distinguido en estos dos últimos años por una brutal campaña de recortes especialmente intensa contra el mundo rural, son los que apadrinan esta ley de reforma de la administración local que tiene como fin último la supresión de los ayuntamientos. Después de quitar escuelas, médicos, servicios sociales o líneas de transporte público; después de quitar servicios y derechos a los habitantes del medio rural, ahora quieren también desmantelar la escasa estructura administrativa que tienen los pueblos: el PP busca con nuevas leyes la desaparición de juzgados, notarías, registros de la propiedad… y ayuntamientos.

Por eso, poco puede presumir el PP de Guadalajara de una reforma local que amenaza con quitar competencias básicas a todos los pueblos con menos de 20.000 habitantes, que en nuestra provincia son todos menos dos. Y eso que hay cerca de 300 en total. Si eso no es cargarse los ayuntamientos, que nos lo expliquen.

Además, todas esas competencias que se hurtan a los ayuntamientos, democráticamente elegidos, se pasan a manos de las diputaciones provinciales, en cuya configuración los ciudadanos no participan de manera directa. Esto es lo que bien podría llamarse una democracia tutelada: los ciudadanos deciden quién es su alcalde, pero son otros quienes deciden lo que puede gestionar. Si eso no es cargarse los pueblos, que nos lo expliquen también.

Si bien es cierto que la Diputación ha cumplido un papel esencial de apoyo a los pequeños municipios de nuestra provincia. Pero su labor ha dependido sobre todo de quién estuviera al frente de ella. La mejor prueba de ello es el rumbo emprendido en estos dos últimos años, en los que se ha convertido en una mera terminal del PP, teledirigida desde el Gobierno de María de Dolores de Cospedal.

En este tiempo, ha pasado de servir a los municipios más pequeños y con menos recursos a servirse de ellos, utilizando de manera torticera los recursos para disimular el efecto de los recortes impuestos por los gobiernos de Mariano Rajoy y de la propia Cospedal. No hay más que ver el proyecto de presupuestos del próximo año, que niega ayuda al Ayuntamiento de Hiendelaencina para solucionar los problemas ocasionados por la contaminación de la red de agua y se olvida del parque de bomberos de Sacedón.

Pero es que, además, la Diputación de Guadalajara está cobrando a los ayuntamientos por prestarles el servicio de recaudación de tributos el doble de lo que realmente cuesta, y les ha impuesto un aumento de las aportaciones que deben hacer con fondos propios si quieren recibir inversiones tan necesarias como la renovación de obras hidráulicas. Por el contrario, ha desaparecido de los presupuestos de 2014 cualquier aportación del Gobierno de España o de la Junta de Comunidades para ejecución de infraestructuras o prestación de servicios básicos en los pueblos.

Por otro lado, carecen también de la necesaria sensibilidad para apostar por los principales problemas de los ciudadanos, como son el paro y el avance de la pobreza. La Diputación de Guadalajara se va a convertir en la única de Castilla-La Mancha sin un plan de empleo y tampoco tiene intención de poner en marcha un plan de emergencia social abierto a todos los municipios, mientras entrega miles euros al Ayuntamiento de Guadalajara, pese a que tiene un presupuesto incluso mayor. De hecho, una de las consecuencias más graves de la reforma local es la desaparición de políticas sociales en los pueblos.

Con todo, lo que más sorprende es que el PP de Guadalajara hable de eliminación de duplicidades y de aplicar el principio de “una administración, una competencia”, cuando desde que llegó al Gobierno de la Diputación no ha dejado de poner dinero para tapar las vergüenzas a Cospedal y a Rajoy. ¿Cómo puede hablar de evitar duplicidades quien se ha encargado de pagar la reapertura del parque arqueológico de Recópolis, de competencia autonómica, o el arreglo de cuarteles de la Guardia Civil, que corresponde al Ministerio de Interior, por poner solo dos ejemplos? ¿No sería mejor, al menos, estarse callado?

Por último, echan mano de la socorrida excusa del ahorro, pero olvidan que no es más que eso: una excusa que no aguanta el mínimo análisis. Baste decir que primero hablaron de 8.000 millones de ahorro hasta 2016, pero ahora ya han rectificado y dicen que no se alcanzará esa cifra hasta 2019. En cualquier caso, la deuda de la administración local representa únicamente el 3,5 % de la deuda total del Estado, y prácticamente no existe entre los ayuntamientos más pequeños, como son la mayoría de los de Guadalajara.

Al contrario, si ha habido un ejemplo de ayuntamiento despilfarrador no es precisamente uno de los pequeños, sino el Ayuntamiento de Madrid, el más endeudado de España, que acumula por sí solo más del 20% del total de la deuda de las corporaciones locales y multiplica por seis al siguiente. No hará falta recordar a estas alturas quién es la alcaldesa de la ciudad, ni tampoco quién le dejó el puesto en herencia.

Por tanto, con la reforma local del PP, los habitantes del mundo rural van a sufrir como nadie las consecuencias de una crisis que no han causado. En una provincia como Guadalajara, los recortes de servicios van a ponerles muy difíciles las cosas a quienes resisten en nuestros pueblos. La reforma local, y la previsible desaparición de ayuntamientos tras dejarles vacíos de contenido, puede significar la puntilla para muchos de ellos.

JULIO GARCÍA MORENO
Secretario de Política Municipal