Las Cortes aprueban la Ley de Patrimonio Cultural, una norma “hecha por todos y para proteger el patrimonio de todos”

Según ha asegurado el consejero durante su intervención, la ley se caracteriza por dar una “solución moderna, vanguardista y protectora al rico patrimonio cultural que atesora nuestra comunidad autónoma”.

En este contexto, Marín ha recordado que la anterior norma estaba obsoleta desde hace más de dos décadas, al tiempo que ha subrayado las novedades que contempla la nueva ley, entre ellas, “la elaboración del primer catálogo patrimonial de la región, la inclusión del patrimonio inmaterial y las expresiones orales”.

Quedan igualmente recogidas en la ley las nuevas figuras y categorías de protección de los bienes de patrimonio cultural, como son el Bien de Interés Cultural (BIC), para aquellos que gocen de un valor singular y sobresaliente; Bien de Interés Patrimonial, cuyo valor sea relevante y, por último, Elemento de Interés Patrimonial, que designará al resto de bienes de valor patrimonial que no alcancen las anteriores categorías.

Necesidades del siglo XXI
La normativa establece, en palabras del consejero, “mayor flexibilidad de las condiciones que impone una declaración y se agiliza notablemente la intervención de la Administración”. “Estamos ante una ley práctica y flexible, redactada para dar respuesta a las necesidades del siglo XXI”, ha enfatizado Marín.
“Con el fin de asegurar la protección y salvaguarda del patrimonio”, se dispone de mayor capacidad de inspección y sanción, lo que incluye nuevos tipos de infracciones y sanciones que pueden llegar hasta el millón de euros. El texto dispone también la obligatoriedad de reparar el daño causado o, en su defecto, la compensación del mismo.

Respecto a la solicitud del PSOE para incluir la denominación “histórica” en la ‘Ley de Patrimonio Cultural’, Marcial Marín ha revelado que el anterior Gobierno regional encargó un informe para elaborar el borrador de ley de patrimonio porque había detectado carencias y quería actualizarla, un documento en el que, tal y como ha desvelado Marín, se gastaron 9.000 euros, y que recogía la nomenclatura de ‘Ley de Patrimonio Cultural’, la designada finalmente por el Gobierno regional.