Izquierda Unida presenta sus propuestas en Eduación, VIvienda y Transparencia

PROPUESTA SOBRE LOS RECORTES EN EDUCACIÓN Y EL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (LOMCE)

Sobre esta propuesta, Riaño ha señalado que "desde la llegada del Gobierno del PP, se han recortado 5.212 millones en Educación ahondado en el deterioro de la educación pública y en las políticas de personal (precarización de condiciones laborales del profesorado)".

"Todas estas decisiones del Gobierno nacional tienen consecuencias", ha continuado el Diputado de IU, ya que "la inversión pública educativa en España ha descendido en casi 8.000 millones de euros en estos últimos años y en 2015 el PP se ha comprometido a recortarla hasta el 3,9%, lo que supondrá volver a los años 80 situándonos a la cola de la OCDE y la UE".

"Estos recortes", ha defendido Riaño, "se quieren justificar ideológicamente mediante el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), una reforma que atenta contra el derecho a una educación de calidad en condiciones de igualdad, ya que es una reforma impuesta, se plantea sin recursos, tiene un marcado enfoque mercantilista, es una reforma privatizadora, segregadora, antidemocrática, competitiva, adoctrinadora, sexista y recentralizadora".

Para IZQUIERDA UNIDA, las medidas necesarias para mejorar nuestro sistema educativo tienen que ir en la dirección de ofrecer una educación de calidad para todos, tanto de quienes tienen mayores dificultades de aprendizaje como de quienes tienen mayor capacidad y motivación para aprender. "Un sistema educativo de calidad debe asumir el compromiso de elevar el nivel de formación de todo el alumnado, sea cual sea su origen social o procedencia y su situación de partida, sin segregar ni limitar sus posibilidades futuras. Más educación y mejor educación para todos: éste es el camino a seguir", ha manifestado el Diputado de IU por Guadalajara, Francisco Riaño, señalando que "en contraposición a la LOMCE, es preciso una educación pública, laica, personalizada, integral, inclusiva, que motive al profesorado y con financiación adecuada y suficiente", ha finalizado Riaño.

Por todo ello, se pide desde IU la dimisión del Ministro Wert, que está desmantelando el sistema educativo público, y se exige que el Gobierno estatal y a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, en vez de recortar en educación, destinen un “rescate” similar a educación como están destinando a rescatar a los bancos y grandes grupos financieros, aumentando los Presupuestos para Educación Pública en los PGE y en los Presupuestos Autonómicos a la media europea, el 7% del PIB, destinando además un 2% del PIB a la Educación Superior; así como la retirada inmediata del Anteproyecto de Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).

MOCIÓN DE URGENCIA SOBRE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA

"Esta moción, presentada de urgencia el pasado lunes y que el Gobierno Provincial del PP no consideró urgente, por lo que nos tememos que no se llegará a debatir en este Pleno", ha señalado el Diputado de IU, "pretende dar una respuesta, siguiendo el camino marcado en Andalucía en recientes fechas, a los desahucios de familias de sus viviendas".

"La falta de vivienda, la imposibilidad de emanciparse o como ocurre en la actualidad, la pérdida de la vivienda provocada por un desahucio y la deuda arrastrada de por vida, supone la exclusión real de personas de nuestro sistema económico y social", ha declarado Riaño, que ha remarcado que esta situación se produce "a pesar de que la Constitución no permite el uso “antisocial de la propiedad” ni el uso especulativo, el enriquecimiento injusto y las condiciones abusivas aprovechándose de un bien de primera necesidad. Por tanto, el uso como mercancía que se ha venido haciendo, especialmente las entidades bancarias, de la vivienda es un uso indebido y los poderes públicos están obligados a evitarlo. Utilidad individual y función social componen de forma inseparable el contenido del derecho de propiedad", ha destacado el Diputado de IU.

"Y mientras tanto existe un atesoramiento por parte de las entidades financieras de dichas viviendas, adquiriéndolas en ejecuciones hipotecarias a un precio muy inferior al que estas mismas entidades valoraron en la concesión de sus créditos, y manteniéndolas en muchas ocasiones desocupadas una vez han procedido al desahucio", ha continuado Riaño, quien ve en estas actuaciones de los bancos "un entramado de entidades financieras y sus filiales inmobiliarias, etc., dedicadas a la utilización de la vivienda como mercancía: esta situación puede ser calificada como emergencia social y económica y por tanto obliga a los Gobiernos que quieran acatar el contenido de nuestra Constitución a adoptar medidas extraordinarias y urgentes".

En este sentido, para IU es necesario extender las medidas adoptadas por el Gobierno Andaluz a través de la Consejería de Fomento y Vivienda mediante el Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda. Por tanto, IU pedirá al Pleno de la Diputación de Guadalajara que se inste al Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha a la adopción de medidas legales de similares características a las aprobadas por el Gobierno de Andalucía recogidas en el Decreto Ley 6/2013 de 9 de abril, de Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda en la Comunidad Autónoma.

MOCIÓN TRANSPARENCIA FRENTE A LA CORRUPCIÓN

Según informa el Diputado de IU por Guadalajara, Francisco Riaño, también irán al debate del Pleno de la Diputación de Guadalajara de mañana sendas propuestas de PP y PSOE sobre la transparencia, "aspecto llamativo éste, en un principio, ya que ha sido el bipartito el principal responsable de la desconfianza y el desapego entre la ciudadanía y sus representantes políticos".

Toda esta situación, para Riaño, "genera además un empobrecimiento de los recursos públicos, y más en momentos de crisis, sin olvidar dos aspectos fundamentales relacionados también con este problema como son el fraude fiscal y la economía sumergida". "Un fraude fiscal que es fomentado por el propio Gobierno Central, con medidas como las de la Amnistía Fiscal, que, por otra parte, ya se han visto los pobres resultados respecto a las previsiones", ha continuado el Diputado de IU, quien ha valorado dicho fraude fiscal en 89.000 millones de euros al año, "siendo el 75% realizado por grandes empresas, grandes fortunas y por la banca", ha denunciado Riaño.

"En la provincia de Guadalajara esta situación se visualiza en la existencia de personas imputadas por estafa fiscal que tienen contratos con Ayuntamientos en temas urbanísticos", ha declarado el Diputado de IU, quien ha remarcado que "la normativa no limita el acceso de estas personas a los contratos con Administraciones Públicas".

Para IU, desde todos los ámbitos, incluidas las Administraciones Locales, se pueden tomar medidas para combatir el fraude fiscal y la corrupción con iniciativas muy sencillas, tanto desde medidas en cuanto a la selección de los contratistas en los procedimientos en que legalmente se pueda hacer, como en cuanto a la transparencia en los procesos de urbanismo y contratación, así "en los procedimientos negociados sin publicidad y los contratos menores, hasta 18.000 y 50.000 euros respectivamente", ha propuesto Riaño, "que no se invite a personas físicas o a empresas cuyos responsables estén imputados o condenados por delitos relacionados con la corrupción".

Asimismo, en cuanto a la transparencia que reclama la ciudadanía, "IU propone poner a disposición de la ciudadanía en la página web de la Diputación las actas de la Junta de Gobierno Local, además de las del Pleno; las contrataciones que se lleven a cabo; la publicación trimestral de los contratos menores; y la información en tiempo real de los procedimientos y decisiones en materia de contratación y urbanismo", ha manifestado Riaño, quien ha finalizado señalando que estas medidas "son decisiones que no implican gasto, que son sencillas y que pueden tomar las Administraciones Locales en base a su autonomía, facilitando el control ciudadano de la actividad política local mediante un acceso más ágil a la información".