El PSOE expresa su apoyo a los trabajadores del Parador de Sigüenza

El ERE de Paradores plantea el cierre total de siete paradores en toda España, dos de ellos en Castilla-La Mancha (Albacete y Manzanares), además del cierre parcial de otros dos (Oropesa y Almagro) y más de un centenar de despidos en el conjunto de la comunidad autónoma. Tras la presentación, se ha abierto un periodo de negociación y los trabajadores han empezado a movilizarse con la convocatoria de huelga los pasados días 7 y 8. En Sigüenza, además, protagonizaron una concentración a las puertas del establecimiento en la mañana del sábado contra los despidos y el empeoramiento de las condiciones de trabajo.

Domingo ha reclamado también un pronunciamiento claro del Ayuntamiento de Sigüenza en pleno, como ya han hecho los propios trabajadores a través de una carta dirigida al alcalde. “No podemos olvidar que son vecinos de Sigüenza a los que debemos apoyar con toda nuestra fuerza desde la administración municipal y reclamar a la dirección de la empresa Paradores que rectifique. Mucho nos tenemos que estas medidas de cierre y reducción del empleo que ahora se han puesto sobre la mesa no sean más que la antesala de la privatización de una red de paradores con más de 80 años de vida, que han servido como polos de dinamización de la actividad económica y cultural allí donde se han asentado”, ha afirmado.

Esta nueva amenaza para Sigüenza viene a sumarse a la constante pérdida de servicios que está sufriendo debido a los recortes impuestos desde las diferentes administraciones gobernadas por el PP. En apenas un año, los vecinos de la Ciudad del Doncel han visto cómo se reducía la prestación de servicios sociales, educativos o turísticos, además de poner en peligro otros tan básicos como el Juzgado o la línea de ferrocarril.

Mientras todo esto ha ocurrido, el alcalde no solo ha preferido someterse a los intereses de su partido en vez de defender los intereses de Sigüenza, sino que ha incumplido sus promesas de reducir impuestos y, muy al contrario, ha aumentado la presión recaudatoria hasta el punto de cobrar a las asociaciones sin ánimo de lucro por el uso de instalaciones municipales.