Magdalena Valerio afirma que “el proyecto tiene un título muy potente, pero un contenido muy endeble”

Según Valerio, la lucha contra el empleo irregular exige responder a regulaciones, como la relativa a la subcontratación o el trabajo a tiempo parcial, de forma que “estas figuras no se conviertan en un reducto propicio para el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social”.

La diputada socialista ha dicho que “subcontratación, sí”, pero con garantía del cumplimiento de la normativa por la empresa que se beneficia del modelo económico de la subcontratación. Por ello propone modificar el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores.

“Nuestra modificación otorga seguridad jurídica al tracto empresarial y, así, mantiene la obligación del empresario principal de comprobar, antes de su inicio, que la contrata o subcontrata se encuentra al corriente del pago de las cuotas de la Seguridad Social, como requisito para poder celebrar el contrato mercantil que sustenta dicha contrata o subcontrata”, ha destacado. “Y, además, el empresario principal deberá responder de las deudas contraídas durante la contrata, tanto de Seguridad Social como las de naturaleza salarial, poniendo a su disposición, por seguridad jurídica, los medios, incluidos los telemáticos, que le permitan tener conocimiento en todo momento de la situación obligacional por la cual él también va a responder”.

En lo que se refiere al contrato a tiempo parcial, la ponente socialista ha subrayado que las enmiendas del Grupo Socialista tratan de combatir “la irregularidad que supone mantener a los trabajadores dados de alta en una jornada inferior a la jornada ordinaria realmente realizada, con claro perjuicio en la carrera de seguro del trabajador y contra los ingresos de la Seguridad Social”.

En la prestación por desempleo, “las enmiendas socialistas se dirigen a evitar la equiparación que introduce el proyecto de ley entre la persona que ya está defraudando por compatibilizar esta prestación con una actividad retribuida, y la de aquella otra que, a pesar de estar trabajando, solicita la prestación, exigiéndole a esta última que comunique su relación laboral a la entidad gestoría, y sólo si no lo hace se estima que nos encontramos ante la misma conducta defraudadora”.

Valerio ha hicho que es conveniente subrayar que las enmiendas socialistas persiguen garantizar el principio de proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones. “Y también mejorar los instrumentos puestos en manos de la Inspección para garantizar la persecución de las conductas fraudulentas, distinguiendo, entre otros aspectos, entre la mera dilación y la obstrucción de la labor inspectora”.

La ponente socialista se ha referido a que siempre ha sido fundamental para el PSOE la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, “porque propician situaciones injustas e insolidarias y más en la situación actual de crisis económica generalizada y con una reforma laboral impuesta por el PP que flexibiliza y precariza las relaciones laborales, lo que puede traer, como efecto colateral, la dificultad en el control del cumplimiento de la norma del orden social”.