El Tribunal Supremo pide a la Junta Electoral información de la 'ley de nietos' tras un recurso contra sus "efectos electorales"

El Tribunal Supremo ha requerido a la Junta Electoral Central (JEC) que remita toda la documentación relacionada con el procedimiento sobre la conocida como 'ley de nietos', en el marco del recurso presentado por la organización Iustitia Europa contra las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

En una diligencia de ordenación, el alto tribunal concede a la JEC un plazo improrrogable de veinte días para enviar el expediente administrativo correspondiente. Además, ha acordado abrir una pieza separada para estudiar la solicitud de suspensión cautelar de las nuevas inscripciones en el CERA planteada por la organización.

La controversia surge después de que la Junta Electoral rechazara paralizar cautelarmente el procedimiento de elaboración del censo, aunque solicitó a la Oficina del Censo Electoral una instrucción sobre la aplicación de la 'ley de nietos', incluida en la Ley de Memoria Democrática y que permite acceder a la nacionalidad española a descendientes de exiliados.

La JEC defendió que la Constitución garantiza el derecho al voto de los españoles residentes en el extranjero y sostuvo que la administración electoral debe aplicar la normativa vigente, sin sustituir el criterio fijado por el legislador.

Por su parte, Iustitia Europa asegura que no existe información pública suficiente sobre cuántas altas en el CERA proceden de expedientes tramitados al amparo de la 'ley de nietos' ni sobre su distribución territorial o el procedimiento seguido en cada caso. La organización considera que el censo debe estar sometido a un mayor control público y judicial para garantizar su transparencia.

A su juicio, la propia Junta Electoral ha reconocido que la información facilitada por la Oficina del Censo Electoral era insuficiente, aunque lamenta que no haya ordenado una revisión completa del procedimiento.

En este contexto, el presidente de Iustitia Europa, Luis Pardo, ha defendido que "el censo electoral no puede ser una caja negra" y ha reclamado un mayor control público y judicial sobre quién puede votar, dónde lo hace y con qué respaldo jurídico.