LA FECHORIA SE CONSUMA : Un fiscal general de Zapatero, una militante del PSOE y una alto cargo del gobierno socialista avalan la amnistía para mantener a Sánchez en el poder

La mayoría izquierdista del Tribunal Constitucional somete sin miramientos el Estado de Derecho a los designios de Sánchez, que los puso en el tribunal precisamente para eso.

Refrendar la infamia, validar el retorcimiento espurio de la Constitución y abdicar de los principios jurídicos para licuarlos en beneficio del político que les nombró magistrados. Eso es lo que han hecho los seis miembros del Tribunal Constitucional que, con Cándido Conde-Pumpido de maestro de ceremonias, han avalado la constitucionalidad del engendro con el que Sánchez se garantizó el apoyo del separatismo.

Pumpido no defrauda: la mayoría izquierdista ‘legaliza’ la amnistía que permitió investir a Sánchez.-



El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado, con los seis votos a favor de la mayoría izquierdista, la Ley de Amnistía destinada a borrar los delitos cometidos por los responsables del procés que culminó con el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017, para permitir la investidura de Pedro Sánchez a pesar de no haber sido la fuerza más votada en las últimas elecciones generales.

El Pleno ha resuelto el recurso presentado por el PP después de cuatro días: tres de deliberación y uno de confirmación del borrador enmendado y votación. En total, han dedicado algo más de 10 horas de trabajo. De este modo, los magistrados han resuelto que la Carta Magna no prohíbe las leyes de amnistía y por tanto, la medida de gracia redactada por el Gobierno de Sánchez junto a los independentistas es válida.

Además, señala que las circunstancias que vive España son «una coyuntura extraordinaria» que legitima la aprobación de esta norma y argumenta que existe «una finalidad legítima de interés público».

La sentencia cuenta con cuatro votos particulares de los magistrados nombrados a propuesta del PP: Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa.

La mayoría de los seis magistrados del Tribunal Constitucional que han votado a favor de avalar la Ley de Amnistía han tenido en algún momento vinculación al PSOE, al Gobierno o han sido premiados por administraciones socialistas. Desde el presidente de la Corte de Garantías, hasta los últimos magistrados que propuso el Gobierno de Pedro Sánchez.

Cándido Conde-Pumpido
Desde el 11 de enero de 2023, Cándido Conde-Pumpido es presidente del Tribunal Constitucional. Fue el fiscal general del Estado durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero y la negociación con ETA. «El vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino», afirmó. Conde-Pumpido alegaba que los jueces debían aplicar las leyes en consonancia con la realidad social que viven. Fue defensor de la política negociadora de Zapatero para acabar con la banda terrorista. Fundó la asociación izquierdista Jueces para la Democracia.

María Luisa Balaguer
La magistrada del Constitucional María Luisa Balaguer reconoció ante el Senado su militancia en las filas socialistas: «Milité en un partido político y tengo que decirle que mi posición con respecto a esto es absolutamente personal […] Yo soy una persona y tengo una dimensión política y sobre ello no tengo ninguna duda». Tras ello, también mencionó literatura sobre socialismo como base para obtener formación jurídica. El PSOE andaluz acabó proponiéndola como magistrada para el Tribunal Constitucional.

Inmaculada Montalbán
La magistrada granadina fue premiada con la Medalla de Andalucía por José Antonio Griñán, uno de los condenados que ha recurrido en amparo a su Constitucional para que se le perdone la pena. Griñán se deshizo en elogios hacia Montalbán firmando un texto en el que destacó la trayectoria pionera de la magistrada. La vicepresidenta recogió esta distinción diciendo que se sentía «entusiasmada».

Ramón Sáez
Ramón Sáez Valcárcel es el magistrado del Constitucional a propuesta de Izquierda Unidas-Podemos. Antes de entrar en la corte de garantías, fue un ferviente defensor de lo que llaman «justicia restaurativa» en relación al terrorismo de ETA, proponiendo que las víctimas de la banda asesina hablen con sus verdugos para «compartir el dolor» y ponerlo «en común».

Laura Díez
Laura Díez Bueso fue directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática desde febrero del año 2020. La actual magistrada del TC fue propuesta en su alto cargo en La Moncloa por Carmen Calvo, ex vicepresidenta y ex ministra de Presidencia, y continuó trabajando con su sucesor, Félix Bolaños. También fue directora de gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, entre 2018 y 2020.

A su vez, desempeñó la vicepresidencia del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, encargado de analizar si las leyes que se aprueban respetan tanto la Constitución como el Estatuto catalán. En esta comunidad también trabajó entre 2002 y 2004 asesoró a la redacción del Estatuto de autonomía y, hasta 2010 fue adjunta al Síndic de Greuges de Cataluña, una suerte de Defensor del Pueblo español.

María Luisa Segoviano
María Luisa Segoviano fue la primera mujer que presidió una sala del Tribunal Supremo, en este caso, la de lo Social, entre 2020 y hasta que se jubiló en 2022. Su nombramiento contó con el apoyo aplastante del pleno del Consejo General del Poder Judicial.

En más de una ocasión ha celebrado las medidas del Gobierno de Sánchez, por ejemplo, los ERTE durante la pandemia del Covid, que consideró «muy acertada, positiva» y un instrumento «potentísimo» para salvaguardar tanto los puestos de trabajo como las empresas. También ha expresado su sensibilidad feminista. Muestra de ello es que en alguna ocasión afeó la falta de mujeres en los cargos más altos de la judicatura y cuenta con publicaciones en este ámbito de la igualdad de género.