Imputan a un sobrino de Felipe González y a otros 17 ex altos cargos del PSOE en Andalucía por el caso Santana

Juan María González Mejías, un sobrino del expresidente del Gobierno Felipe González, se encuentra entre los 18 imputados en una pieza de la macrocausa abierta por la inyección millonaria de dinero público que recibió Santana Motor bajo distintos gobiernos del PSOE en Andalucía. En este procedimiento, el juez José Ignacio Vilaplana investiga presuntas irregularidades en la gestión de ayudas a extrabajadores de la factoría automovilística.

Junto con González Mejías figura Francisco del Río Muñoz, quien fundó y dirigió durante tres décadas (1982-2012) el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. Ambos formaron parte del Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), organismo público que autorizaba operaciones de financiación vinculadas a Santana Motor y a sus empresas auxiliares incluso después de que se acordara el cierre de la fábrica en abril de 2011.

Entre los imputados también se encuentran Antonio Ávila Cano, exconsejero de Economía, Innovación y Ciencia y expresidente del Consejo Rector de IDEA; los antiguos viceconsejeros Luis Nieto Ballesteros y Justo Mañas Alcón, y Antonio Valverde Ramos, ex director general de IDEA. La lista de imputados incluye asimismo a Francisco José Morillo Sánchez, Juan Carlos Soriano Hernández, Francisco Triguero Ruiz e Isabel de Haro Aramberri, que fueron vocales del organismo.

El magistrado ha citado a declarar a los investigados en una resolución dictada el pasado 16 de octubre por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. La causa, abierta en marzo de 2025, examina posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental en la aplicación del Plan Linares Futuro, un programa impulsado por el PSOE en la Junta de Andalucía para atender a los trabajadores afectados por el cierre de la fábrica.

En un auto de 38 páginas, consultado por El Debate, Vilaplana describe el supuesto uso irregular de las transferencias de financiación, un instrumento presupuestario que permitía trasladar grandes cantidades de dinero desde la agencia IDEA sin someter las operaciones a los controles fiscales ordinarios. Según el instructor, este mecanismo se habría empleado para «dar soporte irregular a compromisos asumidos» por la Junta de Andalucía y los sindicatos UGT y CC. OO.

En concreto, el juez analiza «el pago de anticipos de supuestas ayudas» a 750 extrabajadores «sin sujeción al procedimiento legalmente establecido y con el consiguiente menoscabo o administración ilícita» de los fondos públicos.

Una de las líneas de investigación se refiere a las operaciones realizadas después de que Santana Motor acordara su liquidación el 29 de abril de 2011. Según el juez, IDEA llevó a cabo sucesivas ampliaciones de capital de su filial Incuba que permitieron canalizar más de 44 millones de euros hacia la empresa. El instructor pretende determinar si estos movimientos se ajustaron a la legalidad y si se utilizaron fondos públicos con una finalidad distinta de la prevista presupuestariamente.