¿Están a salvo los derechos de los consumidores digitales? España deroga la trasposición del Reglamento europeo

A pesar de haber transcurrido dos años desde la entrada en vigor del reglamento europeo 2022/2025, relativo a un mercado único de servicios digitales, aún hay dudas sobre el alcance de la aplicación práctica de este, dado que España ha derogado el Real Decreto Ley que hubiera incluido las modificaciones necesarias para cumplir con dicho objetivo.



Falta de implementación de la normativa europea



A pesar de la falta de implementación de la normativa europea, sí que se ha previsto que el Coordinador de Servicios Digitales (DSC) encargado de la fiscalización del cumplimiento del texto legal por parte de las plataformas e intermediarios digitales sea la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), indica Antonio Pastor Pérez socio de AF Legis.



En este contexto, el letrado destaca que “lo primordial es que los prestadores de servicios digitales e intermediarios puedan ofrecer sus servicios en el marco tecnológico sobre la base de criterios de diligencia, responsabilidad y compromiso con el respeto a los derechos que le corresponden a los consumidores y usuarios para que haya una mayor seguridad jurídica” en derechos tan fundamentales como la libertad de expresión y la no discriminación.



Obligaciones para los intermediarios y plataformas de servicios digitales



Son tres los bloques de obligaciones que el órgano fiscalizador deberá controlar que se cumplan, detalla Pastor. En primer lugar y para todos los prestadores de servicios digitales, menciona “la información transparente sobre cómo gestionan los datos y cómo funcionan sus algoritmos”, seguido de “la protección a los menores de contenidos inapropiados” y finalmente “el poder eliminar contenidos”.


El abogado reduce la tensión al recordar que “la legislación de la Unión Europea resulta directamente aplicable a los estados miembros, aún contamos con niveles de protección respecto esta temática”.

Acerca de AF Legis

Con un equipo con más de 20 años de experiencia en el mercado, AF Legis es una firma de abogados reconocida por su capacidad para solucionar conflictos jurídicos complejos; ofrece un servicio jurídico de alta calidad y apoyo legal a empresas y particulares en todos los ámbitos, incluyendo el asesoramiento a inversores extranjeros que invierten en España así como empresas españolas que invierten en el extranjero.

AF Legis está liderada por Jorge Fernández Fernández, Antonio Pastor Pérez y Arantxa Goenaga Llorca, socios del bufete jurídico. Además, el bufete cuenta con alianzas en Palma de Mallorca, Milán, Lisboa, París, Bogotá, Sao Paulo, Ciudad de México y Ciudad de Panamá.