Los médicos aspirantes al MIR pide la dimisión de Mónica García por el caos de la convocatoria
Denuncian errores en más de 5.000 expedientes en las listas definitivas, notas infladas en extracomunitarios y que no hay tiempo para presentar todos los recursos de alzada
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REDACCION
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redaccionguadanewses/9/9/19
sábado 17 de enero de 2026, 20:39h
Polémica a cuenta del MIR, en una semana se celebrará el examen de médico interino residente. Los aspirantes piden la dimisión de la ministra de Sanidad por el caos en la convocatoria.
Han publicado las listas in extremis hace dos noches.
Denuncian errores en más de 5.000 expedientes, notas infladas en extracomunitarios y que no hay tiempo para presentar todos los recursos de alzada.
Más de 35.000 personas se presentarán este año a las pruebas de Formación Sanitaria Especializada.
Tal y como están denunciado cientos de estudiantes en "X" y en el blog GangasMIR, casi un tercio de los aceptados para presentarse a la prueba (unos 5.000 de 16.000) tiene un baremo de 5 porque no se han corregido los errores en sus expedientes. La semana pasada eran 10.000, por lo que el Ministerio ha subsanado la mitad. La razón obvia de que el departamento que dirige Mónica García decidiera publicar los listados definitivos llenos de errores ha sido la de evitar más críticas.
Además, la improvisación de la que ha hecho gala Sanidad en todo el proceso les ha obligado a incorporar una "novedad" que ha desatado la ira de los aspirantes: las personas que figuren como no admitidas podrán presentarse igualmente al examen.Eso si, la corrección de la prueba quedará supeditada a la estimación del recurso de alzada que, en su caso, se haya presentado contra la exclusión. En la práctica, esto implica que el ejercicio solo será corregido si el aspirante ha interpuesto dicho recurso y si este es finalmente aceptado por la Administración. Si no se presenta recurso o si este es desestimado, el examen carecerá de validez, aunque se haya realizado.
Esta manera de proceder, inédita en la historia de las oposiciones públicas en España, ha generado inseguridad jurídica y podría dar pie a impugnaciones con base legal sólida, ya que se han vulnerado los procedimientos administrativos establecidos.