La Fiscalía Anticorrupción pide 4 años y 10 meses de prisión para el hermano de Ximo Puig por la emisión de facturas falsas para cobrar subvenciones

La Fiscalía Anticorrupción solicita 4 años y 10 meses de prisión para Francis Puig, hermano del expresident de la Generalitat Valenciana Ximo Puig, por su implicación en el presunto cobro irregular de subvenciones públicas mediante facturas falsas. Según el escrito del Ministerio Público, al que ha tenido acceso EFE, Francis Puig está acusado de un delito continuado de falsedad documental y otro de estafa agravada. De forma alternativa, la Fiscalía propone 2 años y 6 meses de cárcel por falsedad en concurso con apropiación indebida, y 3 años más solo por este último delito en su modalidad agravada.

La investigación judicial se inició tras una querella presentada por el Partido Popular en marzo de 2019 contra Rubén Trenzano, entonces director general de Política Lingüística, y contra Francis Puig por presunta prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en esas subvenciones. El escrito denunciaba presuntas irregularidades en las ayudas públicas concedidas al fomento del valenciano en medios de comunicación durante los años 2015 y 2016. En concreto, las ayudas bajo sospecha fueron otorgadas a las empresas Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions, ambas administradas por Francis Puig.

Meses después, a finales de noviembre de 2019, el PP amplió la querella para incluir a Juan Enrique Adell Bover, por su presunta colaboración en el fraude desde el grupo empresarial Adell Bover, con empresas como Canal Maestrat y Kriol. Según la acusación, su entramado empresarial habría facilitado el uso de facturas duplicadas, domicilios ficticios y actividades ajenas al objeto de las subvenciones para justificar el cobro de ayudas públicas.

El 31 de enero de 2025, el juez dictó un auto de procesamiento abreviado contra Francis Puig y Adell por posibles delitos de estafa y falsedad documental. Sin embargo, descartó el delito de fraude en subvenciones, ya que la cantidad presuntamente defraudada, unos 67.500 euros, no alcanza el mínimo legal de 120.000 euros exigido por el Código Penal en el momento de los hechos.