Según "El País" la mitad del recorte de Cospedal va a sanidad y educación

El grueso del recorte que plantea el plan de ajuste va a parar a la sanidad pública, que pierde casi 540 millones de euros. El programa contempla decenas de medidas, en muchas ocasiones expresadas de forma genérica, que permiten solo aventurar futuros ajustes. Un ejemplo: se asegura que se “reordenará la atención primaria adecuando los puntos de atención continuada”, lo que induce a pensar que se está pensando en cerrar centros de salud, aunque la Junta lo niega. Entre las iniciativas claras, el Ejecutivo obliga a los médicos a jubilarse a los 65 años (hasta ahora podían trabajar hasta los 68), les reduce las guardias y la retribución de las mismas, aplica el copago farmacéutico del Gobierno central, el copago en el transporte sanitario no urgente y se emplea a fondo en avanzar en la privatización de la gestión sanitaria.

"Se plantea la colaboración público privada como una estrategia a largo plazo orientada a garantizar la viabilidad de nuestro sistema sanitario público", dice el documento remitido al Gobierno. Castilla- La Mancha se une a otras autonomías gobernadas por el PP y aplica el modelo de gestión privada en cuatro hospitales y sus respectivos centros de salud. Otros cuatro que están en construcción se entregarán también a la financiación privada. Así, los hospitales públicos de Almansa, Villarobledo, Manzanares y Tomelloso terminarán el año gestionados por una empresa, que controlará también los centros de salud de su área sanitaria. El modelo es el de colaboración público-privada en su versión más radical, una fórmula que consiste en adjudicar a una empresa la construcción de un hospital público, concederle su gestión y asignarle los cuidados de su población de influencia. A cambio de desentenderse de la atención de estas personas, la Administración paga a la concesionaria una cantidad fija por cada potencial paciente del área.

Subida de impuestos.-
En educación, el recorte llega a los 163 millones a base de aumentar la jornada a los profesores a 37,5 horas semanales, bajarles el sueldo (el 3%, como a los 70.000 empleados públicos de la Junta) e incrementar el ratio de alumnos por aula, aplicando el decreto aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy. La Junta elimina también la gratuidad de los libros de texto y del transporte escolar, y disminuye las rutas. Los servicios sociales ven reducido su presupuesto en 142 millones, entre otras cosas con la privatización de residencias de mayores.

El Ejecutivo completa el recorte congelando la oferta pública de empleo para 2012, reduciendo los liberados sindicales, disminuyendo un 60% de altos cargos o suprimiendo del 40% del personal eventual.

Cospedal prevé sumar además 194 millones de euros con subidas de impuestos –aumenta el de hidrocarburos, el tramo autonómico del de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el llamado canon eólico, incrementará tasas y precios públicos en una cuantía sin concretar- y subiendo las rentas de las 4.900 viviendas en alquiler que tiene la Junta. Con la gestión privada en el servicio sanitario prevé sumar 85 millones, a base de recuperar la mitad de las inversiones realizadas en varios hospitales, a través de un canon por el uso de equipamientos e instalaciones.