Cercadillo, querellado por una presunta apropiación de 2 millones de euros por la construcción de la Caja

La querella criminal interpuesta contra Juan José Cercadillo García y sus otros consejeros y administradores fue admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 4 de Guadalajara el 10 de junio de 2010.

Se imputa en la querella criminal una presunta apropiación de, al menos 2.024.334,78 euros, esta cantidad se determina a fecha de 31 de diciembre de 2008, siendo previsible que la cifra se aún mayor, lo que podrá ser determinado, en su caso, en el curso de las investigaciones a que dé lugar la presente querella
criminal.
Antecedentes
Con fecha 20 de diciembre de 2007 fue firmado por la sociedad HERCESA CIUDAD EMPRESARIAL (70% de HERCESA INMOBILIARIA S.A. y 30% de PIER DE LUZ, SL) y la Caja de Ahorros Provincial de Guadalajara, un contrato para la construcción, para la propia Caja de Ahorros, del “edificio de Caja”, bajo la modalidad de “llave en mano” por un importe de 24 millones de euros (¡¡¡cuatro mil millones de las antiguas pesetas!!!).

Este contrato ha dado lugar a la promoción del edificio Torre Caja Guadalajara (parcela 7C del sector SP10 del Plan General de Ordenación Urbana).

Ha sido en la ejecución de esta obra en la que se ha producido la presunta apropiación (cifrada sólamente hasta 31 de diciembre de 2008) de 2.024.334,78 euros, que en esta querella criminal se denuncia.

Según señala la querella, y a la vista de los informes periciales, la obra denominada Torre Caja Guadalajara es la única y exclusiva actividad que ha desarrollado la sociedad que ha desarrollado la sociedad HERCESA CIUDAD EMPRESARIAL, desde su constitución hasta la fecha.
Objeto de la querella criminal
Según se desprende de la citada querella criminal “en síntesis, resulta que las cantidades realmente pagadas a proveedores, a 31 de diciembre de 2008, han sido 3.010.166,55 euros (tres
millones diez mil ciento sesenta y seis euros con cincuenta y cinco céntimos), que se ha fingido el pago de cantidades muy superiores a las realmente pagadas a los proveedores, con una alteración generalizada de documentación mercantil, y que, por lo mismo, las cantidades que, como sus administradores, los querellados han hecho pagar a HERCESA CIUDAD EMPRESARIAL han sido 5.034.501,33 euros (cinco millones treinta y cuatro mil quinientos un euros con treinta y tres céntimos).

La diferencia, 2.024.334,78 euros (dos millones veinticuatro mil trescientos treinta y cuatro euros con setenta y ocho céntimos), ha enriquecido injustamente a los propios administradores querellados, principalmente mediante su ingreso en HERCESA INMOBILIARIA SA, sociedad cuyo capital íntegramente les pertenece, y que también administran.

Dicho sea grosso modo, literalmente resulta que de cada cinco euros de HERCESA CIUDAD EMPRESARIAL SL, tres se han
invertido en la obra, pero dos han ingresado en el patrimonio de la sociedad de Juan JosÉ Cercadillo García y sus administradores, los hoy querellados”.
Alteración de facturas y documentos mercantiles
Según detalla y pormenoriza la querella criminal “ se han alterado facturas y documentos mercantiles para reflejar importes mayores a los pagados en realidad;directamente se han pagado deudas de otras obras en otros puntos de Guadalajara pertenecientes a la sociedad particular de los administradores querellados, y que no debiera soportar HERCESA CIUDAD EMPRESARIAL, pues nada tenían que ver con la obra que se estaba ejecutando para la Caja Provincial de Gudalajara , y se detecta, cómo, mendazmente, se incrementan los precios contra la obra “Torre Caja Guadalajara”, mientras que a la vez y correlativamente, el proveedor que factura entrega a los propios querellados la diferencia, mediante su abono en otras de sus obras.

Ha resultado así, que el verdadero coste de las obras hasta 31 de diciembre de 2008 ascendía a 3.010.166,55 euros. Pero es que la cifra de la que los administradores querellados se hicieron el autopago fue de 5.034.501,33 euros contra los fondos de HERCESA CIUDAD EMPRESARIAL (la práctica totalidad de su liquidez)”.

El acceso a la documentación de la obra ha permitido determinar cómo la presunta apropiación fraudulenta operada por los querellados ha pretendido ser camuflada a traves de la facturación de los contratistas más importantes de la obra -señala la querella criminal-, observándose alteraciones y manipulaciones, tales como : sobreprecios injustificados del 25% de los trabajos de peonaje, trabajos ejecutados fuera del ámbito de la obra que se cargan a ésta; algunas partidas cargadas a la obra Torre Caja Guadalajara no pueden pertenecer a la misma, por simple lógica, dado que responden a labores ejecutadas cronológicamente mucho tiempo antes, habiendo sido imputadas a esta obra de manera indebida. Incremento líneal de las partidas de un 20% en Cimentación y Estructura Solamente a través de una facturación de una determinada empresa mercantil se ha producido una presunta apropiación por los administradores que asciende a 1.776.805,07 euros.
Peloteo, desvío y engorde de facturas
En definitiva, “la diferencia resultante, 2.024.334, es la cifra de la presunta apropiación padecida por HERCESA CIUDAD EMPRESARIAL, cifrada a 31 de diciembre de 2008, y en la que provisionalmente se señala la responsabilidad civil de los querellados y de la sociedad HERCESA INMOBILIARIA SA, donde fueron ingresados los fondos detraídos.

El sobreprecio de costes a 31 de diciembre de 2008 es absolutamente irreal, y se ha desarrollado-señala la querella criminal- fraudulentamente de forma metódica, con el único ánimo de beneficiar personalmente a los administradores, a su vez socios, de HERCESA INMOBILIARIA SA, mediante un peloteo, desvío y engorde de facturas y certificaciones a otras empresas, eliminando de la ecuación a la mercantil
PIER DE LUZ, SL, para fraudulentamente vaciar de contenido su participación en el capital social de HERCESA CIUDAD
EMPRESARIAL, despojándola de recibir los reales beneficios que debiera dar la operación suscrita con la Caja Provincial de
Guadalajara”.

Presuntos delitos que le imputa la querella
Delito de apropiación indebida. Prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses
Delito societario (Administración fraudulenta). Prisión de seis meses a cuatro años, o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido
Delito de falseamiento de cuentas sociales. Pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses
Delito de imposición de acuerdos abusivos. Pena de prisión de seis meses a tres años o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido
Delito de falsedad en documento mercantil. Prisión de seis meses a tres años y multa