Un error de cálculo obliga a demoler parte del aeropuerto de Castellón

Según reconoce Fabra tras el consejo de administración al que ha acudido también la consellera de Cultura, Lola Johnson, las obras se realizarán con cargo al aval de cuatro millones de euros que puso la empresa concesionaria de las obras (Concesiones Aeroportuarias) cuando le fue adjudicada la construcción del aeropuerto y con la que ahora la Generalitat mantiene una pugna cercana a los tribunales porque le ha rescindido el contrato.

Si alguien pensó que el despropósito del aeropuerto de Castellón acababa con inaugurarlo sin aviones o levantando una monumental escultura que homenajeara a su impulsor, Carlos Fabra, estaba equivocado. La infraestructura, además, está mal construida y por eso es necesario demoler parte de la pista, la zona donde los aviones han de efectuar el giro, para así cumplir los requisitos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para la maniobrabilidad de los aviones que se pretende que aterricen. El giro es pequeño para que los aparatos puedan operar en ese espacio, por lo que hay que ampliarlo.

Las deficiencias admitidas ahora se dan cuando la Generalitat ha rescindido el contrato con la concesionaria y esta reclama a la Administración 80 millones de euros invertidos y por un contrato que tenía una duración de 50 años. Sin embargo, la Administración conocía y ha ocultado esta deficiencia desde abril de 2011. Las nuevas obras, obviamente, supondrán un coste que el Gobierno valenciano pretende repercutir en la concesionaria vinculándolo al acuerdo que están negociando y que, a buen seguro, se restarán de la indemnización que pague la Generalitat por la decisión unilateral de rescindir el contrato.

Mientras, Carlos Fabra, aún presidente de la promotora pública del aeropuerto, Aerocas, convocó ayer al consejo de administración de la sociedad. Pero no lo hizo en la sede de la mercantil ni en ningún otro espacio de la Administración autonómica (máxima accionista de Aerocas) sino que se llevó a los consejeros a la Cámara de Comercio de Castellón, de la que volvió a ser secretario tras abandonar la presidencia de la Diputación provincial. Fuentes de la Generalitat han indicado que la reunión se celebró en la sede cameral porque "la convocatoria correspondía al presidente y estimó que se celebrara allí".

En la reunión del consejo, en cualquier caso, se siguieron adjudicando contratos, aunque no se han desvelado las cantidades. Uno de ellos fue para el control aéreo, que recayó en Saerco, la única empresa que se presentó al concurso después de la renuncia de la sociedad inicial a la que se adjudicó este contrato. Además, se aprobó también la contratación de la seguridad privada del aeropuerto que, pese a estar cerrado, mantiene las instalaciones con vigilancia, y la del control de la fauna que salió a licitación por un coste total de más de 450.000 euros de los que 112.000 euros se gastarán este año para costear el vuelo de ocho halcones adiestrados y el paseo de ocho hurones para espantar o cazar otras aves. El objetivo es que estas no choquen con los aviones, aunque para el aeropuerto de Castellón ni siquiera hay fecha para que los aviones vuelen.