Según denuncian los socialistas, el decreto del PP contra las renovables causará la pérdida de unos 20.000 empleos en la región

La diputada Magdalena Valerio pone el acento en que la producción de energías renovables es una industria que apuesta por la inversión innovadora y que constituye una importante fuente de empleo en el medio rural, en la que Castilla-La Mancha es líder entre las comunidades autónomas españolas, “y ahora el Gobierno de Rajoy y el PP echan por tierra todo lo que hemos avanzado, dando un nuevo golpe a la generación de puestos de trabajo en nuestra región y cercenando las posibilidades de desarrollo en nuestro medio rural”.

Por su parte, el senador Jesús Alique incide en que “los argumentos del PP para frenar el desarrollo de las energías renovables en España no se sostienen, ya que esta industria puntera reduce la dependencia energética exterior y el déficit comercial de nuestro país, además de ayudar a luchar contra el cambio climático”. Por ello, según el senador socialista, “resulta inexplicable que, cuando toda Europa apuesta por las energías renovables, en las que España lleva una ventaja considerable al resto de países de nuestro entorno, Rajoy haga exactamente lo contrario, paralizando su desarrollo en nuestro país y renunciando al liderazgo que en estos momentos ostentamos, sólo para favorecer a la energía nuclear”.

España es actualmente líder en producción de energía termosolar, tercer país del mundo en potencia eólica y cuarto país del mundo en energía fotovoltaica. En el año 2010, el 35% de la electricidad producida en España se generó con energías renovables. Este sector industrial incorpora además un fuerte valor añadido en inversión en I+D+i, y es fundamental para cumplir los objetivos 2020 asumidos por España dentro de la Unión Europea, consistentes en lograr que el 20% de toda la energía producida en nuestro país proceda de fuentes renovables.
“Con este decreto ley, Rajoy y el PP llevan a España a un nuevo retroceso, que cercena una de sus principales fuentes de crecimiento y progreso, impide que se siga generando empleo en el sector y perjudica al medio ambiente”, lamenta Alique, para quien “todo esto se debe a que el PP tiene como catecismo político los informes de la Fundación FAES, que apuesta claramente por la energía nuclear frente a las energías limpias, en vez de atender al interés general de los españoles”.

Por último, Magdalena Valerio pide al Gobierno que haga un ejercicio de reflexión respecto al alcance de “una medida que sólo tiene malas consecuencias para España, para Castilla-La Mancha y para Guadalajara” y que abra un proceso de diálogo con las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las asociaciones del sector de las renovables, las organizaciones sindicales y todo el arco parlamentario para acordar un marco normativo que “aproveche el gran potencial de competitividad, crecimiento y empleo que tiene el sector y beneficie a los intereses de España y de sus ciudadanos”.