El Tribunal Supremo condena a la Consejería de Sanidad por negligencia sanitaria.

En 2000, el sistema de Salud castellanomanchego llevó a cabo una nueva campaña de vacunación, pero esta vez solamente dirigida a los menores de seis años y eso sí, con una vacuna más eficaz (la llamada “vacuna conjugada”) que la suministrada en el año 1997, y que proporciona una mayor memoria inmunológica.

En abril de 2003, la joven viaja a París con su colegio y allí debe ser ingresada en un hospital, siéndole diagnosticada una meningitis C púrpura fulminante que le provocó una inválidez del 86% la amputación de los dos pies, hemorragia cerebral, una sordera profunda del oído izquierdo e intensa del derecho, dermatitis atópica y síndrome de estrés postraumático.

Demanda de la familia
En 2004, la familia de la joven demanda a la Consejería de Sanidad y formula reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Sanitaria, solicitando daños y perjuicios, denunciando que la enfermedad de la joven era consecuencia directa de no haberse inmunizado con la nueva vacuna conjugada (la del año 2000, dirigida sólamente a los menores de 6 años), como consecuencia de la falta de información y de actitud preventiva por parte del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha.

Después de más de 6 años y medio de reclamaciones, demandas, pleitos y recursos, el Tribunal Supremo es claro, duro y contundente en su sentencia. El Alto Tribunal considera que la Consejería de Sanidad de Castilla- La Mancha ha incurrido en “una dejación de funciones al no facilitar la información suficiente, comprensible y adecuada” para que los padres de los niños mayores de seis años conocieran la “insuficiencia de la vacuna suministrada en 1997”, lo que les impidió a dichos padres “adoptar las medidas oportunas para su adecuada protección”. Continúa el Tribunal señalando que “los ciudadanos deben contar, frente a sus servicios públicos de la Salud, con la garantía de que, al menos, van a ser tratados con diligencia, y los instrumentos que la ciencia médica pone a disposición de las administraciones sanitarias”. Concluye el Tribunal Supremo, diciendo que “lo que es evidente es que nadie se revacuna de una enfermedad como la meningitis C, si no tiene noticia de la insuficiencia de la vacuna anterior y es aquí, en la falta de información, la que provoca la pérdida de la oportunidad de proteger a los menores excluidos de la campaña, y es donde radica la dejación de funciones de la Administración que, si bien puede ser libre para adoptar la decisión a revacunar gratuitamente, no lo debe ser para rectificar informaciones incompletas que colocan a los ciudadanos en la falsa seguridad de estar protegidos frente a una enfermedad, como la que nos ocupa, de suerte que, si como ocurre en el caso de la joven, el riesgo llega a materializarse, el administrado no tiene el deber de soportar el daño consistente en las lesiones y secuelas de por vida provocadas por la nefasta enfermedad, debiendo la Administración, en consecuencia, responder”.


Este periódico se ha puesto en contacto con la familia de la joven de Albacete afectada, que ha declinado hacer cualquier tipo de declaración al respecto, manifestando únicamente su “profundo cansancio y tristeza”.

Por su parte, el Consejero de Sanidad, Fernando Lamata (en la foto), se ha limitado a declarar que, “hay que respetar la decisión del Tribunal Supremo y cumplir la sentencia”. Carmen Casero, viceportavoz del Partido Popular en las Cortes de Castilla- La Mancha, tras expresar “el cariño, solidaridad y apoyo a esta familia” ha pedido la comparecencia del Consejero de Sanidad en el Parlamento Regional para que dé explicaciones, puesto que, como recoge la propia sentencia del Tribunal Supremo, el propio Consejero de Sanidad conocía la ineficacia de esa vacuna y que de haber existido la adecuada información, se hubiera evitado este caso. ◆

Texto: Redacción