La cuñada de la socialista Susana Día, "enchufada" en un puesto para parados "en riesgo de exclusión"

Según publica este domingo el diario El Mundo, Aurora Moriche, la cuñada de la presidenta de la Junta de Andalucía, fue contratada para un programa financiado por la Diputación de Sevilla -controlada por el PSOE- destinado a «la integración social y laboral de desempleados con riesgo de exclusión del mercado laboral». Así definía la institución provincial el proyecto de recogida de aceites usados que en 2011 adjudicó a la empresa Biodiésel Andalucía 2004 que, según el PP, dio empleo a la hermana del marido de Susana Díaz siguiendo indicaciones expresas.

Su nombre era uno de los 46 que aparecía en un listado que llegó a los responsables de la compañía y, de ellos, una treintena fueron contratados.

El programa de recogida de aceites usados en el que trabajó la cuñada de Susana Díaz seleccionó, teóricamente y según documentación oficial de la propia Diputación que ha desvelado este sábado el PP de Sevilla, a demandantes de empleo jóvenes y «de difícil inserción laboral».Biodiésel Andalucía 2004 recibió la adjudicación por parte del organismo público el 11 de mayo de 2011, apenas doce días después de que se cerrase el plazo de presentación de ofertas y a pesar de que la suya era la más cara. Recibió casi 300.000 euros para la ejecución de un programa que pretendía concienciar sobre el reciclaje del aceite usado y, al mismo tiempo, luchar contra el desempleo de los colectivos en mayor riesgo.

A este colectivo, a tenor de los hechos y según ha destacado la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, debía pertenecer pues la cuñada de Susana Díaz.Pero, además, los populares han puesto de relieve otro dato llamativo dentro del expediente de contratación de Biodiésel Andalucía 2004.

Y es que aunque la adjudicación no se hizo hasta el 11 de mayo de 2011, los trabajadores que se encargaron de la recogida del aceite usado por los domicilios -incluida Aurora Moriche- ya estaban contratados a primeros de ese mes. «¿Esta empresa conocía que iba a ser contratada previamente?», se ha preguntado Virginia Pérez.

Con todo, lo más grave no deja de ser el listado con el casi medio centenar de nombres que se le hizo llegar a los directivos de Biodiésel Andalucía 2004 antes de que ganasen el concurso convocado por la Diputación de Sevilla.Aquel listado, según lo que señaló el senador del PP Luis Aznar el jueves en la comparecencia de Susana Díaz en la Cámara Alta, tenía anotaciones manuscritas y un número que indicarían quién recomendaba a cada candidato.

Estas recomendaciones las hicieron, según Aznar, el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos (presidente también del PSOE de Sevilla), el entonces secretario general del PSOE sevillano, José Antonio Viera y el que fuera secretario de Organización del partido en la provincia, Enrique Martí. Hay un cuarto intermediario cuya identidad se desconoce y entre sus recomendados estaba, precisamente, Aurora Moriche.

La lista de «enchufados» está plagada, dice el PP, de personas vinculadas a cargos socialistas. Al menos, una docena de ellas están directamente relacionadas con el PSOE. Entre ellos el de Fernando Vargas, marido de la delegada del Gobierno de la Junta en Sevilla.Para aclarar todas estas irregularidades, el grupo del PP en la Diputación de Sevilla ha reclamado el expediente completo del contrato de recogida de aceites usados otorgado en 2011 a la empresa para la que trabajó la cuñada de la presidenta de la Junta. «Es la única forma de ponerle claridad a algo que es todo oscuro y huele regular», dijo la presidenta del PP sevillano.

La misma Susana Díaz reconoció el pasado jueves en su comparecencia en la comisión del Senado sobre la financiación del PSOE que la hermana de su marido había estado empleada en Biodiésel Andalucía 2004. Aurora Moriche, según la descripción de la presidenta, «recogía aceite con un carrito por las casas» y era mileurista.

Como los otros tres familiares de Díaz que han trabajado para empresas que han recibido subvenciones o contratos de administraciones públicas controladas por el PSOE. Se trata del marido de la presidenta, José María Moriche, y otros dos cuñados, Felipe Gallardo y Anaís García, que trabajaron para el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), dependiente de la UGT y que recibió ayudas para cursos de formación que ahora están bajo investigación judicial.