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Cuatro juzgados investigan la presunta financiación ilegal del Partido Socialista Valenciano y Compromís
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Cuatro juzgados investigan la presunta financiación ilegal del Partido Socialista Valenciano y Compromís

Jueces de Gandia, Benidorm y Madrid investigan a socialistas y nacionalistas valencianos por falsedad, prevaricación, malversación y delito electoral de 2007 a 2011

jueves 29 de marzo de 2018, 21:08h

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Cuatro juzgados, uno de Benidorm, otro de Gandia y dos de Madrid capital, investigan si el PSPV utilizó en 2007 la empresa de comunicación de Gandia Crespo Gomar como canalizadora para que diversas empresas constructoras le pagasen parte de la campaña electoral a cambio de adjudicaciones. Entre esas adjudicaciones estarían las que está bajo la lupa de los juzgados madrileños, por más de dos millones de euros, que recibió la empresa Crespo Gomar de los ministerios de Sanidad y Vivienda tras las elecciones de 2007, cuando Etelvina Andreu, excandidata socialista a la alcaldía de Alicante, fue nombrada directora general de Consumo en el Ministerio de Sanidad.

Similares hechos, con constructoras y empresas de servicios locales, se investigan respecto al Bloc, principal integrante de la coalición Compromís, formada años más tarde.

El asunto no es nuevo, al menos en lo que respecta al PSPV. Hace nueve años que el periódico El Mundo señaló públicamente dichas adjudicaciones, pero no fue hasta hace poco mas de un año, en diciembre de 2016, que el juzgado de Instrucción número 21 de València abrió una investigación, lo que ha supuesto que el posible delito electoral que se pudiera haber cometido haya prescrito. No así otros delitos, como la malversación de caudales públicos, la falsedad documental o la prevaricación.

Las diligencias están abiertas por presuntos delitos electorales, prevaricación, falsedad documental continuada y malversación de caudales públicos que se habrían cometido entre los años 2007 y 2011.

Según apunta la información a la que ha tenido acceso EL MUNDO, la causa parte de una investigación policial puesta en marcha a mediados de 2016 después de que representantes del Partido Popular (PP) se personaran en una comisaría de la ciudad de Valencia para aportar documentación, facturas y decenas de correos electrónicos entre empresarios valencianos, dirigentes del Bloc y del PSPV-PSOE. Al parecer, el juzgado ha comprobado ya la veracidad de la documentación aportada por el PP en Comisaría y la Policía ha identificado en varios informes el circuito que presuntamente habría seguido el dinero de empresas, de carácter público y privadas, para saldar facturas relacionadas con la campaña y precampaña del año 2007 al margen de las subvenciones oficiales que reciben los partidos políticos para financiar actos electorales.

Según esta información, la empresa de comunicación que asumió el papel de Orange Market, el brazo de Francisco Correa en Valencia, fue la sociedad Crespo Gomar, quien tuvo como presidente a Alberto Gomar, el hijo del ex teniente alcalde del Ayuntamiento de Gandía, Antoni Gomar.Tras un año de diligencias secretas, la Policía habría constatado que Crespo Gomar facturaba servicios a formaciones políticas de cuyos pagos se hacían cargo otras empresas -fundamentalmente constructoras- y no los destinatarios mediante la presunta falsificación de facturas.Es decir, siempre según esta información y al menos en lo que respecta al PSPV, Crespo Gomar facturó al partido por la campaña de 2007 y del pago de esas facturas se hacían cargo empresarios de su confianza.

La investigación tributaria ha acreditado que los importes coinciden, hasta los céntimos, con los trabajos que en realidad se hacían para los socialistas.Gomar era una de los concejales de confianza del ex alcalde de Gandía, José Manuel Orengo, en la actualidad asesor del presidente Ximo Puig. En estos hechos también estaría implicado el ex jefe de gabinete de Orengo en Gandía, José Ramón Tiller, quien trabajó para Crespo Gomar durante un tiempo. Tiller es el dirigente que eligieron los socialistas como gerente de Imelsa, la empresa pública de donde partió la presunta organización criminal que la Guardia Civil atribuye a Alfonso Rus, para limpiar la imagen de corrupción de la Diputación de Valencia.

Pese a que el punto de partida de la investigación policial se sitúa en la cita electoral de 2007, entre la documentación que ha investigado la Policía Nacional destacan correos electrónicos, fechados en el año 2006, en los que se nombra a Pepe Cataluña, ex secretario de Finanzas del PSPV y ex vicepresidente de Bancaja.

En esos correos aparecería la constructora Blauverd, con sede en Alzira, con importes y referencias de envíos, sin especificar el contenido, a la calle Blanqueries de Valencia, donde el PSPV tiene su sede central.Además, según esta información, entre la documentación incluida en el procedimiento figuran facturas que esconderían presuntos pagos en B de empresas por trabajos que en realidad se realizaron para la campaña de los socialistas en 2007.

Entre los actos del PSPV-PSOE que ha investigado la Policía Nacional destacan la presentación como candidato de Pla o el proyecto Pla 2007 el futur que volem, una campaña de promoción del ex líder socialista en la que visitó más de 50 municipios para recoger ideas.La empresa Crespo Gomar también fue la que ideó la campaña de la candidata socialista al Ayuntamiento de Alicante en 2007, Etelvina Andreu. Al final, la victoria se quedó en una decepcionante derrota para el socialismo alicantino porque EU no logró un centenar de votos y se quedó sin representación, lo que habría permitido un vuelco electoral para la izquierda. EL MUNDO publicó posteriormente que Crespo Gomar fue quien pagó una de las carpas usadas en campaña por la candidata.

Del PSPV al Bloc.-

Sobre el Bloc, que ese año concurrió a la elecciones en coalición con otros partidos como Els Verds o EUPV, la documentación en poder de la Policía incluye un documento con la referencia «estados de cuentas de Bloc». Según esta información, la documentación la almacenaba Crespo Gomar e incluye una tabla en la que se desarrollan conceptos, importes de facturas y un estadillo en el que se repite la palabra «concepto» con una serie de empresas.

Al parecer, según esta información, la investigación policial trata de determinar si fueron estas empresas las que realmente asumieron las facturas de la campaña del Bloc en 2007 y así conocer el motivo por el que aparecen en la cuenta de los nacionalistas valencianos.

Entre las empresas que aparecen en ese estadillo destaca una sociedad participada por la Diputación provincial de Valencia, Egevasa, junto las facturas de la campaña del Bloc Adéu PP. Enric Morera presentó esta iniciativa los medios como una «campaña innovadora, fresca y diferente al resto de las campañas y que pretende dar a conocer al mayor número de gente el mensaje prioritario del Bloc para las elecciones del 27 de mayo, que no es otro que el de decir adiós al PP y lograr echarlo fuera de las instituciones valencianas y la Generalitat».La hoja del estado de cuentas del Bloc incluye facturas de fotografías de candidatos, cuñas o un vehículo publicitario alquilado en Torrent.

Según esta información, la Policía Nacional también ha rastreado una serie de correos electrónicos en los que se menciona a «Lluis Miquel», quien, según diversas fuentes, podría referirse a Lluis Miquel Campos, actual jefe de gabinete de Enric Morera en las Cortes y destacado dirigente valencianista.
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