La reflexión que hoy se nos lanza desde cualquier Administración por los políticos es: que dada la situación de crisis se tienen que realizar ajustes y recortes. Pero no se dice que a quienes se van a hacer ajustes y recortes es a las personas, esas que ellos denominan ciudadanos. Este Ayuntamiento como Administración está en la “onda” del conjunto de ellas. Se nos dice desde el mismo, “que se ha hecho una buena gestión económica en los últimos años porque los gastos se ajustaban a los ingresos”, “que los ingresos por la construcción han caído”, y que “el Gobierno socialista (Barreda) de Castilla la Mancha ha contraído deudas con el Ayuntamiento”, como ejes principales en la caída de ingresos. Si cuando se hace referencia a una buena gestión económica se refieren a la expropiación de terrenos para la construcción de la depuradora, o al ultimo crédito pedido a los bancos de 5.000.000 € ( unos novecientos millones de pesetas) para pago de la deuda generada por la expropiación, o que no se han realizado actuaciones judiciales contra quienes corresponda del Gobierno socialista de Castilla La Mancha por las cantidades que adeuda, es necesario decir que no se ha hecho una buena gestión. Tampoco es una buena gestión no tener en cuenta las fluctuaciones en la participación de tributos, ni en los ingresos por construcción, pues no se puede hablar de cantidades fijas ni permanentes en el tiempo. SIGUE
La crisis y el incremento del IPC, parece que justifican una subida de las tasas y precios públicos, que tenidos así en cuenta son además contrarios en su aplicación a lo que establecen las leyes de contenido económico.
En nuestras Leyes de Tasas y Precios Públicos tanto nacional como autonómica son presupuestos de ambas para la fijación de las tasas:
- La capacidad económica de las personas, una a una naturalmente, no en su conjunto. Esto es no puede cobrarse lo mismo al que tiene más que al que tiene menos.
- El coste real del servicio (el hecho tributable).
- La actualización anual es solo subsidiaria o en defecto de la actualización cada cinco años.
- El IPC solo puede ser tenido en cuenta en último lugar para la actualización.
Hoy el IPC se ha convertido para las Administraciones Públicas en la excusa favorita, se suben las tasas porque ha subido el IPC, este es el argumento, y además se suben cada año.
Si además el IPC no se corresponde con la realidad, pues estamos en un momento de inactividad económica, la conclusión es que las Administraciones Públicas necesitan dinero a consecuencia no precisamente de una buena gestión económica, y se lo exigen a los mismos de siempre, a los administrados independientemente de su situación económica.
Administrar no es gastar y pedir para gastar, sino utilizar lo que se tiene para hacer lo que se debe, en el concepto clásico en Derecho: actuar como un buen padre de familia.
Si a todo ello añadimos que existen tasas o precios públicos que no tienen sentido en un mundo moderno en el que la realización de servicios ha supuesto una disminución en el gasto y en la gestión del control de los procesos aplicables a los servicios. Estamos entonces en que hay que tener dinero a discreción para lo que sea menester.
Y esto no es así, si se tiene se gasta o invierte pero se ahorra, y si no se tiene no se gasta y se utiliza el ahorro cuando sea estrictamente necesario, sobre todo si el dinero es de los demás, y cuando no se hace así hay que pedir responsabilidades ante los Tribunales, pues en definitiva la aplicación de la ley por estos es lo que puede garantizar en ultimo termino la buena gestión económica.
La iniciativa de la venta a plazos, nos ha llevado a la mala cultura del endeudamiento como comportamiento habitual, como una forma de vida. Los partidos políticos han interiorizado desde las Administraciones Públicas este fenómeno, y prácticamente todo se gestiona en este ámbito de actuación, pensando que los recursos son permanentes y subiendo, sin embargo hay una realidad contraria que consiste en que los recursos son solo una expectativa incierta de futuro en el mundo en que nos movemos.
Hoy se nos dice que estamos entre un 21% y 22% de personas que no tiene trabajo, de ellas probablemente la cuarta parte sin ingresos, es decir no pueden pagar tasas, y el resto, la mayoría, sin posibilidad de enfrentarse a dichos pagos. Además una población que no asume España como su Patria, naturalmente cualquiera de sus Ayuntamientos, pero que tiene asumido que España y sus Ayuntamientos son tierra de servicios públicos gratuitos, esto es no ingresan nada. Contra estos últimos no sabemos si se actúa ni con que efectividad.
La realidad es que entre una quinta y una cuarta parte de la población no está en situación de pagar tasas o precios públicos, la buena gestión en consecuencia es ajustar la situación a lo que se tiene, no aumentar las cargas a los que quedan en pie. De las deudas que se haga cargo a quienes las han creado que tienen nombre y apellidos, y para eso hemos votado.
Fernando M. Chausa Hernández Abogado 
Si (
No(
