La diputada regional del PP, en el Pleno de las Cortes regionales
Agudo defiende que el Gobierno regional “decida eliminar instituciones duplicadas” y con ese ahorro pagar a los dependientes, Sanidad, Educación y Bienestar Social
Destaca que el presidente del PSOE regional, José Bono ha calificado de “disparate” mantener esta institución, “porque es imposible”
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REDACCION
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redaccionguadanewses/9/9/19
miércoles 22 de octubre de 2014, 11:14h
La diputada regional del PP, Mª José Agudo, ha defendido hoy que el Gobierno regional “decida eliminar instituciones duplicadas” y con ese ahorro, -que suponen 500 millones de pesetas anualmente-, poder pagar a los dependientes, así como la Sanidad, la Educación y el Bienestar Social”. Además, ha explicado que todas las demandas de los castellano manchegos serán atendidas por el Defensor del Pueblo de España. En el Pleno celebrado hoy, durante el Debate de la enmienda a la totalidad, presentada por el Grupo Socialista, al Proyecto de Ley de Supresión del Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha, que ha sido rechazada por las Cortes, Agudo ha pedido al Grupo Socialista que “si son sensatos y honrados y les preocupan los castellano manchegos, que retiren la enmienda de un proyecto que nos va a hacer ahorrar 500 millones de pesetas”, al mismo tiempo que ha felicitado al Gobierno regional por esta decisión, “que consolida el Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos de la presidenta Cospedal”. SIGUE
Durante su intervención, la diputada regional popular, ha defendido que el Gobierno de Castilla-La Mancha “sabe que el dinero público es de todos los ciudadanos y por eso no duplica gastos innecesarios, pero lo hace asegurando los derechos de los ciudadanos, porque los castellano manchegos van a encontrar la puerta abierta del Defensor del Pueblo de España, que en las encuestas del CIS –Centro de Investigaciones Sociológicas-, es una de las instituciones más valoradas”. Además ha matizado que “todas las quejas en tramitación se llevarán al Defensor del Pueblo nacional, donde serán atendidas, por lo que no perjudica a nadie”.
Además, la parlamentaria se ha mostrado sorprendida por encontrarse con una propuesta de una Ley de Equilibrio Presupuestario, “ahora, con la que está cayendo”. En este sentido, ha afirmado que “con lo que han dejado, no me extraña que Barreda haya tenido que salir corriendo a Madrid”.
Mª José Agudo ha asegurado que la figura del Defensor del Pueblo regional “ha sido ocupada en los últimos tiempos por una persona que estuvo, en el momento en que se designó, en un proceso incurso, por delito de prevaricación, y fue elegido sin consenso, a dedo, por lo que no garantizó la imparcialidad de esta institución, ya que había venido desarrollando labores como alcalde del PSOE en Cuenca”.
Así, ha denunciado que la `Casa Perona´ de Albacete, la sede del Defensor de Pueblo, costó 3.790.000 en 2002, “un palacio en el que derrocharon además dinero en obras faraónicas internas, incluyendo también muebles de diseño”.
De este modo ha manifestado que la presidenta Cospedal “ha decidido suprimir gastos prescindibles, como es la duplicidad de Administraciones, para garantizar el empleo, pagar a los autónomos, a los empresarios, así como hacer frente a las 168.000 facturas que dejó a deber Barreda”.
En este sentido, la dirigente popular aseguró que “arruinar una región no es progresismo, y más de 200.000 parados merecen un respeto, y los 500 millones de pesetas al año que cuesta mantener esta institución, que es una función duplicada a nivel nacional, se pueden destinar a pagar a dependientes, Educación, Sanidad y Bienestar Social”. Así, la diputada regional ha recalcado que el Defensor del Pueblo regional “supuso en 2010 un presupuesto anual de más de 3.000.000 de euros”.
Por último ha citado al presidente del PSOE regional, José Bono, que fue quien creó esta institución en la región, “y recientemente ha dicho públicamente que es un disparate que haya 17 en toda España, porque no es de izquierdas ni de derechas, si no que es imposible”, ha concluido.
Sobre el Defensor del Pueblo
Cualquier procedimiento que el Defensor del Pueblo inicie en la región tiene un coste de más de 2.500 euros, mientras que el coste que supone si lo realiza el Defensor del Pueblo de España sería de 437 euros. El Defensor del Pueblo nacional tiene 200 trabajadores y resuelve una media de 34.000 casos anuales y el de Castilla-la Mancha cuenta con 28 trabajadores para resolver unos 1.170 casos al año. Cada trabajador de esta institución en España resolvería al año 171 expedientes, mientras que en Castilla-La Mancha asumiría tan solo 41.