El diario El Mundo deja en evidencia el cinismo del expresidente regional. Barreda preparó un recorte oculto para privatizar colegios, asilos y autopistas

El documento llamado Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y al que ha tenido acceso EL MUNDO, plantea a Salgado ahorrar dinero tras las elecciones del 22 de mayo con medidas como éstas:

SUBIDAS DE IMPUESTOS

El proyecto, que quedó en borrador al no ser nunca aprobado por Hacienda, también establecía «el aumento del tipo autonómico» en el IRPF y «la creación de un nuevo tramo de la escala» para los contribuyentes castellano-manchegos. También se comprometía a «estudios de similar naturaleza en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de cara a cuantificar el potencial incremento de ingresos derivado de la eliminación de los actuales beneficios fiscales incluidos en la normativa autonómica de este impuesto». En la lista incluyó un incremento de entre el 20% y el 40% del Impuesto sobre Determinadas Actividades que Inciden en el Medio Ambiente, que grava «la producción nuclear de energía eléctrica, el almacenamiento de residuos radioactivos o la emisión de elementos contaminantes a la atmósfera».

PRIVATIZACIONES
«Se llevarán a cabo los estudios necesarios con vistas a analizar la viabilidad de proceder a la privatización de determinados servicios públicos», planteó la vicepresidenta de la Junta María Luis Araújo. Y mencionó «las residencias de mayores gestionadas actualmente por la Consejería de Salud y Bienestar Social [...] y algunos centros públicos de enseñanza no universitaria». En este último caso, se trataría de colegios e institutos que dejarían de impartir enseñanza pública para pasar a ser gestionados «en régimen de concierto».

También figuran en este bloque «las autopistas, autovías y otras infraestructuras de titularidad regional, que pasarán a explotarse a mediante el cobro a los usuarios de peaje». Al igual que su sucesora al frente del Ejecutivo regional, María Dolores de Cospedal, Barreda también propuso «la privatización de la Radio y Televisión de Castilla-La Mancha». Esta última tiene un coste de 60 millones de euros.

UNIVERSIDAD
«Se elevarán las tasas universitarias de forma que pasen a cubrir el 100% del coste de la provisión de la enseñanza, salvo en determinadas carreras que se consideran de interés regional y que se determinarán en función de las tasas de paro de los titulados tanto actuales y previstas», incluye el plan de ajuste. Lo acompaña de un nuevo sistema de becas para los estudiantes «que sobresalgan por su rendimiento».

PERSONAL DOCENTE
Barreda se propuso la «anulación de acuerdos retributivos pendientes con el personal docente», lo que privaba a los profesores de la subida salarial del 1,23% prometida, equivalente a 32 euros mensuales a cada uno de ellos con un ahorro regional de 14 millones. También estaba dispuesto a «suspender el régimen de incentivos especiales a la jubilación anticipada del personal docente», con un ahorro adicional de seis millones.

GASTO FARMACÉUTICO
La Junta quiso «sustituir en el programa informático de prescripción la medicación por aquélla que resulte más económica de entre las que contienen el mismo principio activo en, únicamente, cinco medicamentos». Con ello, pensó ahorrar 50 millones de euros. También apostó por la receta electrónica y por lo que denominó medidas de «sensibilización».

OTROS RECORTES
Barreda incluyó también un «plan de control de la incapacidad laboral transitoria»; «control de las sustituciones y límite de la tasa de reposición al 10% de las vacantes»; «mayor seguimiento y control de los gastos de personal estatutario, docente y del sector público regional»; «reducción de los gastos corrientes en un 10% con carácter general»; «reprogramación inversiones» y «reordenación del sector público», entre otras.

Hacienda lo rechazó por impreciso, incoherente e insuficiente

«Insuficiente justificación», «no se aporta la información solicitada», «necesario que haya coherencia», «habrán de rectificarse algunos puntos»... La Secretaría de Estado de Hacienda respondió con dureza el 15 de abril -un mes antes de las elecciones- al proyecto de ajuste presentado por la Junta de Castilla-La Mancha. En primer lugar, reprochó a la entonces vicepresidenta económica, María Luisa Araújo, que debía hacer un ajuste entre 2011 y 2013 de 1.856 millones, de los cuales «quedarían 1.278 millones pendientes de justificar». Los funcionarios del Ministerio resaltaron que había 887 millones «insuficientemente justificados» y 391 millones «de los que no se aporta información alguna». En esas circunstancias, no podía ser aprobado el plan.

La encargada ahora de intentar que se apruebe es María Dolores de Cospedal, que ha evaluado el ajuste en 1.815 millones, una cantidad similar a la exigida a Barreda, con la diferencia de que dispone de mucho menos tiempo ya para alcanzarla. Teóricamente, el Gobierno del PP no debería haberse visto obligado a tal tijeretazo, porque la cifra exigida a Barreda responde al déficit acumulado en 2010 y que la Junta castellano-manchega aseguraba que se iba recortando drásticamente en el primer semestre de 2011, lo cual no fue así. Salgado reconoció la semana pasada un déficit superior al 4% en la primera mitad del año, frente al 1% del que hablaba el ex presidente manchego. Éste culpa a la crisis del desfase presupuestario en su región y el pasado día 9 se justificó en 'El País' asegurando que él fue «un presidente autonómico, no un contable». Destacó que, en su plan de reequilibrio, ponía el acento en la subida de impuestos, en vez de en el recorte de gastos, como Cospedal.

Pero las proyecciones de Barreda no fueron creídas por el Ministerio.

En su respuesta al borrador presentado por la Junta, Hacienda cuestionó, por ejemplo, el ahorro estimado por el control de la plantilla y de los gastos de personal de la Junta. No dio credibilidad a partidas como la venta de inmuebles, al no existir un calendario de venta, ni a la privatización de empresas públicas, al no facilitar ningún nombre de las que se iban a vender. También advertía de que la Junta había incumplido en 810 millones el límite de endeudamiento al que tenía derecho en 2010, por lo que «no podría incrementar su deuda en 2011».

Además, «la comunidad incluye incrementos de deuda que se sitúan por encima de los que resultan de los acuerdos del Consejo [en torno a 1.500 millones más] que la Comunidad pretende financiar en su totalidad cuando no ha previsto ahorro bruto», rechazó Hacienda