La Fiscalía abrió diligencias de investigación a la Junta de Comunidades por obstaculizar las denuncias de los agentes medioambientales

Según se desprende de la recientemente publicada Memoria de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo del año 2010 “ siguen produciéndose, en lo que se refiere a la relación con los Agentes Forestales o Medioambientales, situaciones complicadas, especialmente como consecuencia de la actitud de algunos sectores de la Administración competentes en la materia que parecen querer sustituir al Juez de Instrucción o al Fiscal a la hora de proceder a determinar el carácter penal o no de las denuncias presentadas por los citados agentes”.

Esta situación se viene produciendo desde hace más de 3 años en Castilla-La Mancha y quedó reflejada en la anterior Memoria de la Fiscalía del año 2009, donde reseñaba que “la Fiscalía de Guadalajara expresa su desazón y sorpresa por la actitud de ciertas Autoridades administrativas ambientales, al señalar que se mantiene la grave situación creada por las instrucciones dirigidas a los Agentes Medioambientales, de no denunciar nada ante la Fiscalía, debiendo comunicar los hechos a las Autoridades Administrativas”. Esta situación, proseguía la Memoria de la Fiscalía, “ha determinado que, al parecer, en opinión de la Administración Autonómica, en Guadalajara, durante el año 2009 no ha habido delito medioambiental alguno, pues, durante el referido periodo no se ha remitido ninguna denuncia”. Por esta razón la Fiscalía de Guadalajara abrió unas diligencias de investigación sobre los hechos referidos.

Desde el año 2007, a raíz de un informe del Gabinete Jurídico de la Junta que, contradiciendo escandalosamente la legislación básica Estatal en la materia, cuestionaba el carácter de Policía Judicial de los Agentes Medioambientales, se emitieron instrucciones directas que impiden que los Agentes puedan dar traslado de los Atestados que instruyen por presuntos delitos medioambientales a los Juzgados y Fiscalías, conforme están obligados por la legislación vigente. Dichas instrucciones amenazaban a los Agentes Medioambientales con que “la no actuación conforme a lo indicado podría ser entendida como desobediencia” y, por tanto, tener graves consecuencias disciplinarias.

La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales, ante la gravedad de esta prohibición y considerando que no se ajustaba en absoluto a la legalidad, solicitó su retirada en varias ocasiones al Consejero de Agricultura y Medio Ambiente, José Luis Martínez Guijarro, y al Consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Santiago Moreno, no habiendo recibido respuesta alguna.

Esta Asociación confía en que el nuevo Gobierno Regional retire definitivamente estas órdenes no ajustadas a derecho y establezca un protocolo claro para que se produzca una comunicación fluida entre Agentes Medioambientales y Juzgados o Fiscalías, al igual que se ha articulado en la vecina Comunidad de Madrid