Por lo que concierne a la normativa que regulará el mecanismo de Protección Civil, Jiménez destaca que “reforzará y mejorará el funcionamiento del sistema de protección de los ciudadanos ante emergencias y catástrofes, al tiempo que posibilitará el cumplimiento de los compromisos asumidos en el ámbito internacional y en la Unión Europea. Además, contempla la Protección Civil como uno de los objetivos de la estrategia de seguridad nacional”.
En esta línea, la diputada del PP por Guadalajara apunta que la nueva Ley definirá claramente las competencias de cada de administración, garantizando así una mayor coordinación que aportará eficacia al sistema, teniendo además en cuenta que en los últimos años han surgido nuevas realidades como la Unidad Militar de Emergencias,
los servicios del 112 o la Escuela Nacional de Protección Civil, “que ahora estarán más coordinadas y cohesionadas”.
Encarnación Jiménez ha subrayado la importante labor que realiza Protección Civil, indicando en este sentido que en España hay unos 25.000 voluntarios integrados en unas 2.000 agrupaciones. De ellos, más de 4.100 pertenecen a las más de 230 agrupaciones de Castilla-La Mancha -31 de ellas en la provincia de Guadalajara-, siendo Guadalajara la capital de la región que cuenta con mayor número de voluntarios.
La nueva Ley define, por primera vez, el concepto de Protección Civil, como “el servicio público que protege a las personas y bienes, garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana, sea ésta accidental o intencionada".
Según ha explicado Jiménez, España es un país que, comparativamente, no sufre grandes pérdidas económicas por causa de emergencia y catástrofes, “y a ello contribuye sin duda las políticas preventivas que se llevan a cabo”. Así, el impacto económico general de las emergencias y catástrofes en España se puede estimar en unos 400 millones de euros anuales -según datos del Consorcio de Compensación de Seguros-.
“Estamos convencidos de que esta Ley contribuirá a un mejor aprovechamiento de los recursos públicos y privados”, asegura la diputada del PP.
Ley de Fundaciones
Por otra parte, el Consejo de Ministros ha aprobado el informe del Ministerio de Justicia sobre el anteproyecto de ley de Fundaciones, que sustituye a la vigente Ley de 2002 y que simplifica el proceso para
su constitución, regula los principios de buen gobierno que deben regir la actuación de los miembros del patronato e incorpora la posibilidad de extinción de aquellas fundaciones que estén inactivas o no cumplan sus fines.
“Introduce medidas contra el fraude, como la de publicar en la web los datos más relevantes sobre actividad, cuentas, subvenciones, de manera que se las dota de mayor transparencia en la gestión y refuerza los mecanismos para evitar el fraude”, señala la diputada Encarnación Jiménez, quien también destaca la creación de un registro único de fundaciones, dependiente del Ministerio de Justicia, y el establecimiento de un protectorado único que contribuirá a evitar dudas.
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