La obra del museo Francisco Sobrino se encarecerá un 60% sobre el coste inicial

El encarecimiento en un 60% del coste de la obra, según ha explicado Valerio, se debe a que se ha rescindido el contrato con el 30% de las obras pendientes de ejecutar y el 98% de las mejoras ofertadas por la empresa sin realizar, a lo que debe sumarse ahora el pago de honorarios a la Dirección de Obra por el informe de valoración económica del estado del proyecto, la redacción de un nuevo proyecto y el abono del equipamiento del edificio y otras cuestiones que también están sin hacer.
“Con todo ello, una obra que debía costar 1,2 millones de euros pasará a costar casi 2 millones que van a salir del bolsillo de todos los vecinos y vecinas de Guadalajara, y todo por la gestión relajada, por la permisividad de Román hacia la empresa contratista”, ha afirmado la portavoz socialista.

Román contrató a la empresa sabiendo que ya tenía embargos por incumplimientos en otras obras.

Valerio ha ofrecido varios ejemplos de la “permisividad de Román respecto a la empresa”, empezando porque “en el momento de adjudicarle la obra del museo, el Ayuntamiento de Guadalajara ya tenía conocimiento de diligencias de embargo a esa empresa en diferentes juzgados por deudas e incumplimientos con subcontratas en otras obras realizadas con anterioridad”.

A juicio de la portavoz socialista, estas circunstancias “eran un indicio de las dificultades de esa empresa para cumplir el contrato” y, sin embargo, “fue la empresa elegida de entre 27 ofertas presentadas, por lo que Román tampoco puede alegar que no tenía otras opciones”.

Después de esa adjudicación, “Román y su equipo han consentido que la empresa subcontratara la mayor parte de la obra sin comunicarlo al Ayuntamiento, lo que en teoría era un requisito indispensable para que el Consistorio pagara las facturas al contratista”, ha continuado Valerio. Además, la empresa no presentó al Ayuntamiento un Programa de Trabajo al inicio del contrato, pese a estar obligada a ello. Ambos incumplimientos de la empresa deberían haber originado expedientes de sanción que, sin embargo, el Ayuntamiento no inició.

Por otra parte, en abril de 2013 la Dirección de Obra hizo llegar al alcalde un informe en el que constaban las dificultades de la empresa, sus deudas con los subcontratistas que al no cobrar abandonaban las obras, y la imposibilidad de que el proyecto estuviera acabado en la prórroga de dos meses que la empresa solicitaba, hasta el 22 de julio de este año, y que Román concedió.
“Román y su equipo ocultaron ese informe, mintieron a los medios de comunicación y a la ciudadanía cuando dijeron que la obra acabaría en breve y continuaron con un engaño que ha perjudicado a numerosos autónomos y pequeñas empresas que no han cobrado ni un euro por el trabajo realizado”, ha recalcado la portavoz socialista.

El PSOE pide que se aplique la máxima penalización a la empresa.

Tras los perjuicios ocasionados por la empresa al Ayuntamiento y, en consecuencia, a todos los vecinos de Guadalajara, el Grupo Socialista ha pedido a Román que “deje ya de ser tan permisivo con la adjudicataria y le exija hasta el último euro de penalización por sus incumplimientos”.

A este respecto, Magdalena Valerio ha informado que el Ayuntamiento debe incautar a la empresa los 50.000 euros de fianza del contrato. Además, la adjudicataria debe indemnizar al Ayuntamiento por las mejoras ofertadas y no realizadas, que ascienden a 275.000 euros y el Consistorio debe imponer una sanción que puede alcanzar hasta el 10% del presupuesto total de la obra, es decir, hasta 120.000 euros de penalización. Por tanto, la empresa debería abonar al Ayuntamiento hasta 445.000 euros y “Román no debería perdonarle ni un céntimo”, ha afirmado Valerio.

La suspensión cautelar del megacontrato no es habitual, como dice Román.

Por otra parte, la portavoz del Grupo Socialista se ha referido a la suspensión cautelar del procedimiento del megacontrato de Román dictada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Valerio ha asegurado que “la suspensión cautelar de procedimientos es algo excepcional”, en contra de lo afirmado por el alcalde, que calificó esta resolución como “habitual y que él se la esperaba”.

Magdalena Valerio ha recalcado que “lo dicho por Román no es cierto, ya que en el caso de la adjudicación del nuevo servicio de autobuses y en el del Centro Acuático hubo recursos, pero no suspensión cautelar”, una medida que “los tribunales solo toman de forma excepcional hasta resolver el fondo de la cuestión cuando los recursos se basan en fundamentos muy graves, que pueden causar la nulidad radical y de pleno derecho o cuando pueden causarse perjuicios de difícil o imposible reparación, circunstancias ambas que se dan en el procedimiento del megacontrato”.

Román llama “smart city” a lo que en castellano se llama “mamoneo”.

Valerio ha concluido señalando que “el Grupo Socialista quiere que, en el tema del megacontrato y en todos, se respete la Ley, porque Guadalajara no es el cortijo de Román”, y ha pedido al alcalde que “no busque pretextos absurdos como que el megacontrato es para poner en funcionamiento la smart city, porque eso, la smart city, es el anglicismo con el que quiere envolver lo que en castellano se llama mamoneo”.