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REDACCION | Jueves 8 de octubre de 2026
Según publica este jueves el diario THE OBJECTIVE, UGT y CCOO, sus organizaciones territoriales, federaciones y fundaciones vinculadas recibieron 569 millones de euros en ayudas públicas registradas entre 2018 y 2025, según el análisis de los listados anuales de grandes beneficiarios de Hacienda realizado por THE OBJECTIVE. La cifra reúne financiación de todas las administraciones para los beneficiarios identificados. Las dos centrales preparan una huelga general de 24 horas por la vivienda y los salarios que se celebrará el miércoles 11 de noviembre, dos días antes del comienzo de la campaña electoral de las generales del 29 de noviembre.
El desglose de las ayudas atribuye 318,12 millones a las organizaciones de UGT y 250,73 millones a las de CCOO. En esta última cantidad se incluyen 2,81 millones registrados a nombre de fundaciones vinculadas, entre ellas Pau i Solidaritat y Jesús Pereda. Cada organización figura como beneficiaria independiente, con su propio NIF. El acumulado no representa, por tanto, ingresos exclusivos de las direcciones nacionales.
Si se consideran únicamente las dos confederaciones estatales, el importe de los ocho ejercicios asciende a 132,59 millones: 82,22 millones para UGT y 50,37 millones para CCOO. El resto corresponde a las organizaciones territoriales, federaciones y demás beneficiarios incluidos.
Ayudas públicas millonarias
En 2025, la confederación estatal de UGT figura con 13,02 millones y la de CCOO con 13,52 millones. Al incorporar los otros beneficiarios identificados, los importes de ese ejercicio alcanzan 47,84 millones para las organizaciones de UGT y 45,66 millones para las de Comisiones Obreras. El cálculo sigue los NIF a través de los ocho archivos anuales para evitar que las abreviaturas y los cambios de denominación dejen registros fuera.
La evolución anual muestra que 2025 fue el ejercicio con mayor financiación registrada para las organizaciones analizadas de UGT y CCOO: 93,50 millones de euros, un 22,8% más que en 2024 y un 34,1% por encima de 2018. El aumento respecto al primer año de la serie alcanza los 23,77 millones en términos nominales, sin descontar la inflación. La trayectoria no fue uniforme: el importe conjunto descendió hasta los 50,25 millones en 2020 y repuntó a 83,39 millones en 2021.
Hacienda contabiliza «ayuda equivalente», un indicador para expresar el valor de distintos instrumentos de apoyo público. No constituye por sí solo una certificación de pagos efectivos. Los listados reúnen a beneficiarios que superan 100.000 euros por ejercicio y abarcan todas las administraciones. Por ello, no cabe atribuir íntegramente el acumulado al Gobierno central.
Huelga general antes de las elecciones
Además de UGT y CCOO, otros sindicatos denominados de clase se han unido a las movilizaciones. CGT ha expresado su disposición a promover una huelga general de 24 horas por los salarios y la vivienda, mientras que co.bas [Comisiones de Base] ha publicado un llamamiento a construir esa movilización. Por su parte, Solidaridad Obrera participa en las reuniones de preparación.
En paralelo, ELA ha anunciado una huelga general en el ámbito vasco y navarro; CIG ha decidido convocarla en Galicia, y LAB trabaja para acordar una convocatoria en Euskadi y Navarra. Sus anuncios acreditan el respaldo a esta herramienta de movilización, pero no permiten presentar todas las iniciativas territoriales como una única convocatoria con condiciones idénticas.
Los registros identificados para CIG suman 7,75 millones; los de ELA, 5,62 millones; LAB, 3,41 millones, y CGT, 2,40 millones entre 2018 y 2025. Su incorporación eleva el conjunto de los seis sindicatos y las organizaciones analizadas a 588,02 millones.
La última huelga, en 2012
UGT y CCOO dirigen sus demandas a las administraciones con competencias en vivienda y a las organizaciones empresariales, a las que reclaman salarios suficientes para acceder a ella. María Jesús Montero ha interpretado que la protesta se convoca contra la oposición por derribar los decretos de vivienda. Esa lectura corresponde al PSOE y no puede atribuirse al conjunto de las centrales.
La crisis habitacional precede al conflicto parlamentario. El Banco de España documentó aumentos de los alquileres desde 2015, especialmente intensos en las grandes áreas urbanas, y dificultades concentradas en jóvenes y hogares de menores ingresos. A esa presión se añadió la inflación de 2022, cuando el índice medio anual nacional aumentó un 8,4%. También han crecido las cotizaciones: el mecanismo de equidad intergeneracional pasó del 0,6% en 2023 al 0,9% en 2026, repartido entre empresa y trabajador.
El paro recupera una herramienta que UGT y CCOO no utilizaban conjuntamente para una huelga general estatal de 24 horas por reivindicaciones socioeconómicas desde noviembre de 2012. Esa delimitación no excluye las huelgas feministas, sectoriales y territoriales del periodo.
Además de las ayudas, existe el patrimonio sindical acumulado: inmuebles de titularidad estatal cedidos gratuitamente en uso a sindicatos y organizaciones empresariales para su funcionamiento. La cesión no supone entregarles la propiedad de los edificios y su valor no se ha añadido a las cantidades calculadas.
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