REDACCION | Martes 28 de octubre de 2025
El Gobierno quiere que los fiscales sean quienes investiguen e instruyan las causas judiciales y que partidos y sindicatos no puedan constituirse como acusación popular. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, destacó este martes que el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) avalado por el Consejo de Ministros "garantiza mejor el principio de independencia judicial" y evitará la "la utilización absolutamente espuria que hacen las organizaciones ultraderechistas de la acusación popular" para "perseguir a personas progresistas y a su entorno solo por ser progresistas".
Así se pronunció Bolaños en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre esta reforma legal que, entre sus principales novedades, deja en manos de los fiscales las investigaciones penales, excluye de las acusaciones populares a los partidos políticos, sindicatos o asociaciones ligadas a estos y reforma el Estatuto del Ministerio Fiscal, fijando el mandato del fiscal general del Estado en cinco años y evitando así que vaya en paralelo al Gobierno de turno.
"Han tenido que pasar doce papas, cuatro reyes, dos presidentes de la República, dos dictadores, 44 presidentes del Gobierno y 106 ministros de Justicia para que hoy el Consejo de Ministros apruebe la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que mejora, agiliza, moderniza y europeíza nuestro proceso penal", dijo en relación a que la norma vigente data de 1882.
El ministro, destacó que esta ley, que ahora arranca su tramitación parlamentaria, contiene 1.023 artículos y más de 500 folios, remarcando que "la principal novedad es que se atribuye la investigación penal al Ministerio Fiscal en lugar de a los jueces de instrucción, como pasa en este momento". "Homologamos nuestro proceso penal a todas las democracias de nuestro entorno europeo y a todas las democracias occidentales, donde quien investiga es el Ministerio Fiscal y los jueces juzgan y ejecutan lo juzgado".
Junto a esto, el ministro detalló que habrá un segundo juez que intervenga: "El juez de la audiencia preliminar", que "decidirá si se archiva, si se sobresee la causa, si se lleva a juicio oral, considerará qué pruebas han de practicarse todavía o si ya están todas resueltas. Un juez que decida sobre las decisiones tanto del fiscal como del juez de garantías", destacó.
Además, habrá un tercer juez, el de "enjuiciamiento", el que, "en la vista oral, conozca del proceso y lo juzgue con todos los medios de prueba que estén disponibles para las partes". Un modelo, puso de relieve Bolaños, "que garantiza mejor el principio de independencia judicial" porque "siempre está tutelando las decisiones y las actuaciones del Ministerio Fiscal y hay tres jueces diferentes en el proceso penal".
El nuevo proyecto de ley también incluye la regulación de la acusación popular porque, según el ministro, "es evidente que hoy la acusación popular es una herramienta que utilizan las organizaciones ultras, muy bien financiadas, para perseguir a personas progresistas y a su entorno solo por ser progresistas".
Para frenar esto, Bolaños habló de "tres limitaciones que hoy no existen en el modelo actual". Primero, un "límite subjetivo", según el cual no podrán ejercer la acusación popular las instituciones públicas, los partidos políticos y los sindicatos".
En cuanto al segundo límite, "objetivo", explicó que se establece un catálogo de delitos por los cuales la acusación popular puede ser ejercida y son "delitos que tienen que ver con intereses colectivos, que no afectan a intereses particulares de personas concretas", indicó. Entre ellos, todos los que tiene que ver con la corrupción política, con la comunidad internacional y los delitos de violencia sobre la mujer".
Por último, se establece la necesidad de que haya "una vinculación legítima entre la organización que ejerce la acusación popular y el objeto del procedimiento" para que, señaló Bolaños, "evitemos la utilización absolutamente espuria que hacen las organizaciones ultraderechistas hoy de la acusación popular".
Por último, la Ley fija el mandato del fiscal general de Estado, desvinculándolo del Gobierno de turno, que era el que lo nombraba. Así, ahora será de cinco años, "de tal manera que los cambios de gobierno no afectarán a la figura del fiscal general", explicó Bolaños, quien apuntó que se marcan "causas muy tasadas, muy específicas, para que el fiscal general pierda la confianza y, por tanto, sea cesado, siempre con un informe del Consejo General del Poder Judicial".
"No podrá existir ninguna interferencia del poder ejecutivo en el Ministerio Fiscal, dado que no puede haber instrucciones ni del Gobierno central ni de los gobiernos autonómicos a las distintas fiscalías superiores autonómicas.", dijo. Y destacó que "todas las comunicaciones entre el Gobierno y la Fiscalía serán por escrito, públicas y estarán registradas".
Por último, aseguró que la intención del Gobierno es que la nueva Ley entre en vigor el 1 de enero de 2028 y aclaro que esta nueva ley "afectará a todas las causas que se incoen a partir de 1 de enero de 2028" y no a las causas que hoy están llevándose a cabo", algo que dijo para "desmontar gran cantidad de bulos que se están contando".
SUMAR LA RECHAZA, JUNTS NO LA APOYARÁ Y EL PP LA VE COMO UN INTENTO DE CONTROL A LA JUSTICIA
Sumar ha mostrado nuevas desavenencias con sus socios de Gobierno del PSOE, al rechazar la limitación de la acusación popular que recoge el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobado este martes en el Consejo de Ministros.
El Gobierno no contará con el apoyo de Junts para la ley de enjuiciamiento criminal (Loecrim), una norma que el Partido Popular ha calificado de un intento más del Ejecutivo de controlar la justicia.
En una entrevista en Antena 3, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha negado rotundamente que vayan a apoyar la norma y han recordado que ya la habían criticado desde el primer momento.
Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha dicho que el Gobierno quiere pasar la norma "deprisa y corriendo" porque "necesita controlar la justicia".
El portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Sergio Oliva, considera un "error" plantear "ahora una reforma tan profunda de la justicia" en un "país tan polarizado" para "entregar la investigación penal a los fiscales sin garantizar su autonomía real". "Una ley así", dijo a Servimedia, "exige blindar la imparcialidad de los fiscales y, sobre todo, un gran consenso que hoy no existe".
El portavoz de AJFV concluye que en este "contexto de confrontación y desconfianza, impulsar una ley de este calado sin garantías ni apoyos suficientes no parece buscar mejorar la justicia, sino reforzar el control político sobre ella".
María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, sostiene que estas reformas "no pueden sino calificarse como desafortunadas y de todo punto inoportunas". Insiste en que cambiar el modelo de instrucción --para pasarlo de mano de los jueces a los fiscales-- "requiere una mayoría parlamentaria" y "un consenso amplio" que "desde luego no existe".
Foro Judicial Independiente (FJI) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) tambien han mostrado sus reticencias al nuevo proyecto.
Por el contrario, el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Edmundo Rodríguez, defiende el proyecto de Ley que "refuerza el papel de la fiscalía investigadora", que "deberá recabar evidencias suficientes para convencer al juez de garantías que es procedente la apertura del juicio oral".
"Es un proyecto largamente esperado y absolutamente imprescindible", afirman en Juezas y Jueces para la Democracia.
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) también respalda el proyecto.
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