CASTILLA-LA MANCHA

A Page le estalla un caso de CORRUPCIÓN por la presunta malversación de más de 1.200 millones de euros de fondos europeos y estatales

Según publica el diario LIBERTAD DIGITAL

Se trata de una querella criminal presentada por más de 3.000 agricultores manchegos que denuncian la malversación de más de 1.200 millones de euros de fondos europeos por parte de un grupo de funcionarios y cargos públicos del Gobierno autonómico durante las etapas en las que ha gobernado el PSOE

REDACCION | Martes 28 de marzo de 2023
En plena ofensiva de Bruselas para desentrañar posibles casos de fraude y malversación de fondos europeos por parte de los estados miembros, la Audiencia Nacional acaba de poner el foco en Castilla-La Mancha, donde, a dos meses de las elecciones autonómicas, Page deberá hacer frente a una macroinvestigación sobre la gestión del agua de las últimas décadas.

Según informa este martes el digital LIBERTAD DIGITAL, se trata de una querella criminal presentada por más de 3.000 agricultores manchegos que denuncian la malversación de más de 1.200 millones de euros de fondos europeos por parte de un nutrido grupo de funcionarios y cargos públicos tanto del Gobierno central como autonómico durante las etapas en las que ha gobernado el PSOE. Bajo la sombra de la sospecha, desde el Plan Humedales de José Bono hasta la faraónica obra de la Tubería de la Llanura Manchega que el propio Emiliano García-Page pretende inaugurar este miércoles.

La querella, que ya HA SIDO ADMITIDA A TRÁMITE, se dirige contra el expresidente José María Barreda y varios de sus consejeros, además de numerosos cargos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), algunos de los cuales todavía siguen en su puesto. Todos ellos habrían contribuido, además, a generar un perjuicio económico a los denunciantes cifrado en más de 300 millones de euros en los últimos 10 años, el periodo que aun no habría prescrito.

Con todo, tal y como recoge el escrito del fiscal jefe Anticorrupción, "los hechos denunciados podrían dar lugar a delitos de Prevaricación, Falsedad en documento Público, Malversación de caudales públicos, Fraude a la Administración, Fraude a la Hacienda Comunitaria Europea y a la Hacienda Pública española, así como desobediencia a la Autoridad Judicial y a las resoluciones judiciales firmes".

El origen de la polémica.-

Los denunciantes forman parte de la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas Rus-Valdelobos -que abarca hasta 29 municipios de las provincias de Albacete y Cuenca-, cuyos agricultores llevan años batallando para que la línea divisoria entre las cuencas del Guadiana y del Júcar responda a criterios hidrogeológicos y no a intereses económicos y políticos. No en vano, lo que pretende demostrar la actual querella es que, a pesar de que estas aguas subterráneas vierten en el Júcar, los querellados "manipularon y/o falsearon datos" para vincularlas a la cuenca del Guadiana y, por tanto, al Parque Natural de las Tablas de Daimiel.

El objetivo queda más que patente en la documentada querella de 321 folios presentada por el despacho De Jurist: "Aumentar el territorio de la demarcación para así obtener un mayor número de fondos, utilizando como pretexto, una vez más, el estado de conservación del Parque Nacional sobre una zona totalmente desvinculada de la afección sobre éste". Concretamente, la zona oriental de la Cuenca del Guadiana, que forma parte del territorio hoy denominado Masa de Agua Rus-Valdelobos, que descarga de manera natural al Júcar.

El Plan Humedales de José Bono.-

Históricamente, esta área siempre había pertenecido al llamado acuífero 18. Sin embargo, tras la declaración de sobreexplotación del acuífero 23 por su vinculación al humedal protegido, el perímetro de éste fue ampliándose, invadiendo zonas que nada tenían que ver con el mismo. La primera ampliación se consumó en 1994, después de que José Bono, entonces presidente de Castilla-La Mancha, diese luz verde al llamado Plan de Compensación de Rentas, también conocido como Plan Humedales, que supuso la primera medida agroambiental aprobada en España con fondos europeos: del total de 300 millones de euros aproximadamente que se pusieron sobre la mesa, la UE subvencionaba el 75%,concluye LIBERTAD DIGITAL.

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