CASTILLA-LA MANCHA

Denuncian que la Junta de Page "institucionaliza" las subvenciones directas a CCOO, UGT y Cecam a pesar del coronavirus, "son deshonestas y clientelistas"

REDACCION | Martes 29 de septiembre de 2020
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia la concesión de una nueva subvención directa a CCOO, UGT y Cecam por parte del Gobierno regional por valor de 1.125.000 euros, lo que eleva el montante total concedido desde 2014 a estas tres organizaciones a 41.298.639 euros.

Estas ayudas asociadas al Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha, con motivo de la crisis del COVID-19, suponen una importante merma a las arcas públicas en un momento tremendamente delicado a causa del coronavirus, y es que CSIF considera que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha institucionaliza este tipo de subvenciones entre sus organizaciones afines, a modo de un sistema clientelar, y las reviste de necesidad para intentar acreditarlas públicamente.

La Central Sindical considera un despropósito esta subvención, con un Plan de Recuperación Económica firmado en mayo dotado con 231,6 millones de euros y que hasta el momento sólo plantea el rescate de estas tres organizaciones.

CSIF siempre ha calificado de inmorales este tipo de ayudas, que no están sujetas a ningún tipo de concurso y cuya justificación no está clara, pero ahora se tornan totalmente deshonestas dentro de una crisis sanitaria que ha golpeado terriblemente a la región. Mientras tanto, los partidos políticos y el resto de organizaciones sindicales callan ante esta tropelía.

Estas cantidades, en lugar de acabar en la hucha de CCOO, UGT y Cecam, podrían tener un destino preferentemente social de acuerdo a la terrible realidad de una comunidad con malos indicadores de pobreza y generación de empleo.

En estas circunstancias, CSIF no sólo pide al presidente del Gobierno autonómico, Emiliano García-Page, que dé la cara ante los ciudadanos y entierre estas subvenciones, sino que revierta la consolidación de los altos cargos aprobada en diciembre de 2019, cuyo impacto económico aún no ha desvelado, y que mengüe la estructura de una Junta que ha aumentado sus gastos en la presente legislatura con el aumento de consejerías, viceconsejerías y direcciones generales.

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