Diputación apoya a 225 autónomos rurales con subvenciones en Guadalajara

La Junta de Gobierno de la Diputación de Guadalajara ha dado un paso significativo al aprobar la resolución provisional de la convocatoria de subvenciones para el año 2025. Este programa está diseñado para el mantenimiento y consolidación de la estructura comercial y los servicios básicos en localidades con menos de 500 habitantes, con una inversión total que asciende a 250.000 euros.

Las ayudas están destinadas a cubrir la cuota de trabajadores autónomos, beneficiando a un total de 225 negocios rurales ubicados en esta provincia. La decisión se enmarca dentro del esfuerzo continuo por fortalecer el tejido económico en las áreas rurales, donde las pequeñas empresas son fundamentales para la vida comunitaria.

Detalles sobre las subvenciones

El proceso de concesión se ha realizado bajo un régimen de concurrencia competitiva, distribuyendo los fondos disponibles entre aquellos solicitantes que cumplieron con los requisitos establecidos. Los criterios para la asignación se basaron en los meses cotizados por cada trabajador autónomo durante el primer semestre del año. Como resultado, el importe medio de la ayuda otorgada es de 1.111,07 euros.

En cuanto a la distribución por tipo de actividad, se destaca que el 56% de los beneficiarios son propietarios de bares y cafeterías, lo que equivale a 126 negocios. Les siguen los comercios minoristas que venden alimentos y bebidas (39), farmacias y droguerías (24), así como panaderías (12). También hay un número menor de beneficiarios en otras categorías como venta ambulante, carnicerías, peluquerías e institutos de belleza.

Alegaciones y solicitudes

Este año, se han presentado un total de 241 solicitudes, incluyendo 34 correspondientes a autónomos que solicitan esta ayuda por primera vez. Sin embargo, la resolución provisional ha desestimado 15 solicitudes debido al incumplimiento de alguna normativa reguladora, además de un desistimiento registrado.

A pesar de estas desestimaciones, se otorga un plazo de diez días hábiles, contados desde la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), para que aquellos afectados presenten alegaciones respecto a su situación.

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