"Cuando se requiere una cirugía con ingreso, el trastorno ocasionado es elevado ya que el paciente se ve obligado a trasladarse a la provincia en la que SOLIMAT determine que se practicará el tratamiento"
La falta de medios por parte de la Mutua para combatir determinados tratamientos ha supuesto que muchos profesionales de Guadalajara tengan que recibir tratamiento fuera del Sescam
REDACCION | Miércoles 22 de octubre de 2014
Según denuncia el sindicato UGT de Guadalajara "el 12 de abril del 2012 se confirmaba algo que desde unos meses atrás ya se venía anunciando, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha privatizaba la gestión de las situaciones de Incapacidad Temporal producidas por Accidente Laboral o Enfermedad Profesional a una mutua llamada SOLIMAT alegando que la gestión privada de las contingencias profesionales resulta mas eficaz que permitir que estas gestiones continúen en el SESCAM. Un servicio de salud, con los medios humanos y técnicos necesarios para asumir estas gestiones pero, aun así, son los actuales gestores del SESCAM los que reconocen que es mucho mas eficaz la privatización." SIGUE
"Entendemos que es una forma velada de reconocer su incapacidad como gestores públicos, dado que ellos son los responsables del buen funcionamiento de estos servicios, que dicen, no pueden funcionar de manera eficaz. Esta cesión a la mutua, en este caso del presidente de la Patronal de Castilla-La Mancha, de la atención a trabajadores del SESCAM que han sufrido un accidente laboral o padecen una enfermedad profesional, ha tenido una consecuencia inmediata. El hecho de que organizaciones sindicales y profesionales hayan denunciado que se fuerza la recuperación más allá de lo clínicamente recomendable para minimizar los tiempos de baja así como los costes" señalan desde el sindicato.
Desde FSP-UGT Guadalajara tenemos que denunciar que tras la cesión a esta mutua de la atención a trabajadores del SESCAM que han sufrido un accidente laboral o padecen una enfermedad profesional, existe un problema de asistencia, dado que La Mutua en cuestión, no dispone de medios para llevar a cabo la atención a pacientes en todas las provincias, al menos no de forma integral, por lo que en el momento en el que la patología supera las capacidades de tratamiento del centro correspondiente, el trabajador es derivado a otro centro situado normalmente en otra provincia, a pesar de que estos mismos pacientes, antes de la gestión privada, eran atendidos en alguno de los hospitales públicos de su provincia.
En el caso de pacientes que requieren una cirugía con ingreso, el trastorno ocasionado es elevado dado que el paciente normalmente va acompañado por su familia que se ve obligado a trasladarse a la provincia en la que SOLIMAT determine que se practicará el tratamiento.
Algunos profesionales han denunciado que esta situación produce un riesgo derivado de un traslado innecesario y que no están dispuestos a asumir el cambio de provincia para llevar a cabo su tratamiento cuando en la que tienen establecida su residencia existe un centro público con capacidad para tratar su patología.
La respuesta es clara, en estos casos la mutua deja de considerarlo accidente laboral porque el paciente rechaza el tratamiento y procede al alta del paciente con la perdida de la prestación a la que tuviera derecho.
FSP UGT ha criticado desde el primer momento la cesión de este servicio a una empresa privada dado que consideramos que se realizaba con una elevada calidad por los profesionales del SESCAM, algo que los actuales gestores negaron.
Segú señala el Secretario del Sector de Sanidad de FSP-UGT Guadalajara, Fernando J. Peiró "nos parece inadmisible que para llevar a cabo revisiones, pruebas, tratamientos y cirugías un profesional que han sufrido un accidente laboral tenga que desplazarse a otra provincia cuando puede recibir atención en un centro público situado en su propia provincia y normalmente su lugar de trabajo, centro en el que sería atendido si la patología no fuera un accidente laboral.
Por ello, consideramos que esta diferencia supone no solo un trato discriminatorio hacia aquellos profesionales que han sufrido un accidente laboral con relación a cualquier paciente de a pié sino una incongruencia, y consideramos que es algo que la Administración Regional debería tomar en consideración, sobre todo si se tiene en cuenta que afecta a sus profesionales. Desde FSP-UGT instamos a la Administración regional a que reconsidere su decisión y valore “los pros y contras” que conlleva una medida claramente discriminatoria"
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