Un tribunal de La Haya ordena el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Holanda

El Tribunal de Distrito de La Haya ha decretado el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht (Holanda), tras haber autorizado el pasado 19 de marzo la ejecución en ese país de los laudos arbitrales por el cambio en 2013 de la normativa de retribución de energías renovables.

El inmueble, valorado en unos 10 millones de euros y registrado a nombre del Instituto Español de Emigración, será vendido en presencia de un notario, según el escrito de los letrados encargados de registrar el embargo, al que ha tenido acceso EFE y fechado el pasado 24 de abril.

El litigio obedece a las consecuencias del cambio en la normativa española para la retribución a las renovables decretado en 2013, que supuso un recorte a la retribución que recibían estas instalaciones durante su vida útil.

Ello desembocó en una oleada de peticiones de arbitrajes de inversores ante diferentes organismos internacionales, el principal el Ciadi, dependiente del Banco Mundial.

Reacción del Ministerio
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han señalado a EFE que, sin perjuicio de la actuación que pueda emprender el Ministerio de Justicia holandés con relación al embargo preventivo de la sede del Instituto Cervantes, España se opondrá y litigará, defendiendo los intereses nacionales del país, como sucede habitualmente.

Los inversores extranjeros en materia de energías renovables denunciaron a España en cortes de arbitraje internacional por la reforma normativa del anterior Gobierno del PP en el año 2013, añade la misma fuente.

En total, reclamaban un total de 10.635 millones de euros, pero España ya ha conseguido reducir ese importe en un 85 % y sigue litigando en distintas instancias nacionales e internacionales, explican desde Transición Ecológica.

El documento de los abogados holandeses indica que España fue formalmente informada el pasado 20 de abril sin que se efectuara el pago de la indemnización, de ahí que se haya autorizado el embargo preventivo del inmueble.

El laudo ejecutado corresponde a la reclamación del fondo Blasket Renewable Investment, en un procedimiento que deriva del caso de Eurus Energy, filial del grupo japonés Toyota.

El inmueble, situado en el centro histórico de Utrecht, tiene un valor de mercado cercano a los 10 millones de euros.

Los acreedores insisten en que la situación tiene solución si el Gobierno de Sánchez opta por cerrar definitivamente el conflicto, como ya hizo en su día en el caso JGC. Mantener la estrategia actual, advierten, solo incrementará el número de embargos y el deterioro de la imagen internacional de España como deudor.