La Audiencia Nacional obliga a volver a prisión a la exjefa de ETA Anboto y a Carasatorre

El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, ha rechazado la aplicación del régimen de semilibertad del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a la exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, Anboto, y al exintegrante del Comando Donosti Juan Ramón Carasatorre, lo que supone su vuelta a prisión.

En sendos autos, el magistrado acuerda que ambos permanezcan en segundo grado de tratamiento penitenciario y propone al legislador modificar el artículo 100.2, que supone la flexibilización del cumplimiento de las penas, ante las excarcelaciones anticipadas sin un pronunciamiento del órgano judicial.

Para Castro se trata de una disfunción que no beneficia a nadie: “A la interna se le crean falsas expectativas y a las víctimas desasosiego innecesario e incluso a la ciudadanía, que ante las noticias en los medios de comunicación le resultará extraño estas decisiones de excarcelación/encarcelación”.

En el caso de Soledad Iparraguirre, el juez recuerda la extrema gravedad de los delitos por los que fue condenada: 10 asesinatos, tenencia de explosivos, atentados, estragos, incendios, tenencia de armas y delitos contra la Corona que se han acumulado en una pena de 30 años de prisión.

Apunta que si bien las fechas de cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena están relativamente próximas, en marzo de 2027, su licenciamiento definitivo no se cumplirá hasta septiembre de 2034.

El magistrado analiza en sus autos la naturaleza del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, una medida excepcional que aboca a un régimen de semilibertad y que exige una justificación individualizada de su pertinencia, como medida de flexibilización del grado. Por ello, su aplicación debe estar suficientemente justificada y debe motivarse su necesidad en el proceso de reinserción, destaca.

En Telemadrid, la presidenta de la Asociación de Victimas del Terrorismo, Maite Araluce aseguraba que la decisión adoptada por la Audiencia Nacional viene a confirmar lo que desde la AVT venían denunciando que se estaba utilizando una vía extraordinaria para la excarcelación masiva de etarras con delitos de sangre por motivo de interés político.

También el Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha puesto de manifiesto que las resoluciones del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria suponen un "respaldo inequívoco" a la denuncia que Covite de que "se está vaciando de contenido la legalidad penitenciaria para facilitar regímenes de semilibertad a presos de ETA, vulnerando con ello el derecho de las víctimas del terrorismo a la justicia".

"El Gobierno vasco activó una medida excepcional sin cumplir los requisitos mínimos y básicos que la ley exige para poder hacerlo, una actuación administrativa extremadamente grave, rayando la prevaricación", ha denunciado Covite.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha comentado en la red social X que la Audiencia Nacional ha recordado al Gobierno que "aún hay leyes y jueces en España" y que su actuación pesa más que "la voluntad" del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. "El precio del pacto encapuchado con Bildu incluía liberar a Anboto, una de las terroristas más sanguinarias de ETA, condenada a 700 años de cárcel", ha señalado el dirigente popular.